Día sí y día también, raro es el telediario que
no comienza con la noticia en portada de algún asesinato -o intento de -, por
violencia de género. La sociedad, en su inmensa mayoría, está profundamente
concienciada para extraer a semejantes asesinos de la calle. Lo cual, me parece
bien, pero opino que para eso ya tenemos un Código Penal y que no necesitábamos
ninguna ley, que por otra parte, es inconstitucional y tendenciosa. No sé por
qué no se incluye en esa ley a las parejas de gays, lesbianas y transexuales, por
ejemplo, a los que tanto bombo se les da en las cabalgatas al uso. Nunca
aparecen en las noticias que se hayan agredido. Manifestaciones más o menos
espontáneas, declaraciones oficiales y mucho postureo, mucho lazo y mucha foto.
Aparte de esto, por desgracia, los datos son demoledores
y vienen a demostrar que el objetivo de la famosa ley se ha quedado en papel
mojado. Si lo que supuestamente se pretendía era evitar que un asesino
potencial, asesinase, no parece que haya tenido demasiado éxito, habida cuenta
de las víctimas que llevamos acumuladas desde el año 2004, en que se implantó
la norma. Sin embargo muchos exigen más inversión económica. Como siempre que
algo no funciona, algunos lo simplifican metiendo más dinero. Pero no es de
esta ley de la que quería hablar.
En el lado opuesto, y es aquí donde quería
incidir, nos encontramos con el acoso escolar y sus siempre nefastas consecuencias,
unas veces más evidentes y más notorias que otras.
La tibieza con la que se está abordando este
problema social, me parece no solamente preocupante, sino criminal.
Según las estadísticas oficiales, el acoso
escolar afecta al 4% de la población menor de 18 años. Desde la implantación del
teléfono de ayuda al menor acosado, a finales del año 2016, en tan sólo 2
meses, se han recibido unas 2.000 llamadas, lo que significa un promedio de
unas 33 llamadas creíbles al día (http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/telefono-contra-acoso-escolar-detecta-dos-meses-1955-casos-posibles-5739375).
Y sin embargo, a pesar de estos preocupantes
datos, mientras a un sospechoso de violencia de género empiezan por esposarle,
meterle en el trullo y aplicarle todas las medidas que contempla la ley, a los
autores del acoso escolar, de entrada, no deben responder ante el Juzgado de
Menores porque “hay que preservar la presunción de inocencia”. Presunción que
en el caso de un supuesto agresor por violencia de género, brilla por su ausencia.
Mientras en un caso, son los juzgados
especialmente dedicados a la violencia machista los que se encargan del
proceso, en el caso del acoso escolar, se deja en manos de los propios centros
escolares la tramitación de las denuncias. De entrada, en la mayoría de los
casos, los centros “no saben nada” y al contrario de lo que ocurre con un
violento, que recibe inmediatamente una orden de alejamiento de su víctima, en
estos casos, es justamente al contrario y es la víctima la que tiene que tiene que poner pies en polvorosa para salvar
el pellejo. Mientras tanto, el centro educativo y las autoridades de de la
correspondiente CA, claman por un estado de paz, tranquilidad y sosiego y no
hacer un juicio paralelo, hasta que las circunstancias hayan sido totalmente aclaradas, en un
proceso tan rigurosamente interno y opaco, como los que habitualmente utiliza
la Iglesia católica para proteger a sus pederastas.
Todas las asociaciones involucradas en la
lucha contra la violencia de género y la mayor parte de los partidos políticos,
reclaman un Pacto de Estado, como si eso fuera el bálsamo de fierabrás, que
todo lo cura y fuera a revivir a las asesinadas y a eliminar el dolor de las las
que sufren en silencio.
Y a las víctimas del acoso escolar, y a sus
padres, que les sigan dando morcilla de burgos. Y cuando alguno se suicida,
mucho golpe de pecho farisaico y mucha declaración oficial y políticamente
correcta. Pero a los culpables, se les castiga sin Nintendo y los padres de la
víctima que se fastidien.
¿A qué se debe tanto interés en un asunto y
tan poco en otro? Pues a la pasta. Al dinero. Al Money.
La ley de
Violencia de Género, tiene una asignación en los PGE de más de 25 millones de euros.
¿Y para el acoso
escolar? Pues un teléfono y 482.635 euros anuales.
¿Y si empezáramos a plantearnos en serio el
problema y sacar de los centros educativos la gestión legal de esos problemas y
que empiecen ellos mismos a afrontar sus propias negligencias?
¿Y si comenzáramos a valorar que el suicidio de un adolescente fruto de acoso, es un fracaso de la sociedad entera, incluido el centro escolar?
