La vivienda en España.

Cuando en política surge un problema que perjudica a alguien, el truco más viejo del mundo consiste en desviar la atención hacia otro lado, en un gesto que recuerda mucho lo que hace un mago en el escenario. Así sucede ahora con un nuevo caso de desahucio, que acapara las portadas de todos los medios en detrimento de los otros 25.000 que se producen cada año y relegando a la segunda página la invasión de nuestro territorio en Ceuta, por parte de unos salvajes que se dedican a violar a cuantas jóvenes pueden, atacarse entre ellos con armas blancas provocando la amputación de algún apéndice o miembro, o apedreando a las inermes fuerzas españolas con orden de replegarse, todo lo cual, ha provocado la alarma entre los ceutíes, alterando su vida de modo fundamental, hasta el punto de que se ven obligados, mujeres y militares incluidos, a llevar consigo un bote de gas pimienta, que al parecer es el arma definitiva. No importa si hace unas semanas, otro desahucio, esta vez en Cataluña, provocó el suicidio de la madre con dos hijos expulsada de su hogar. El objetivo de hoy es centrarse en una anciana y apuntar con el dedo a todos los supuestos culpables: los fondos buitre – no hay ninguno en este caso – el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, por supuesto. A Pedro Sánchez sólo le falta acusar a Ayuso de ser la que tentó a Adán en el Paraiso con comer la manzana de la discordia.

La historia de este proceso en concreto es un ejemplo más de lo que suele suceder en política: medias verdades, trasposición de hechos en el tiempo, ocultación deliberada de otros, asignación de responsabilidades a quien no interviene, etc. En definitiva, hay que construir un relato, que sirva a los intereses espurios de quien lo inventa, aunque coincida poco con la realidad. Así, por ejemplo, aparecen extraños sindicatos hasta ahora desconocidos, que saltan a la palestra de modo sorpresivo usando la vivienda y la dificultad de acceso a ella; acompañado todo con las típicas “manifestaciones espontáneas y populares” dirigidas por los mismos partidos de ultraizquierda de siempre, que por cierto, forman parte del gobierno actual, en algo que recuerda a aquel 15-M, que como todos sabemos, terminó con la creación de un partido político y la adquisición de un chalet impresionante de quienes prometieron que nunca dejarían de vivir en Vallecas. Ya conocemos la historia. Incluso ha habido bienintencionados que, a esos propietarios del chalet, les han prestado dinero para montar un bar más grande del que tenían. Ya se sabe que sarna con gusto, no pica.

Pero volvamos de nuevo a lo del desahucio que me pierdo.

Creo que es necesario alejarse un poco del árbol y ver el bosque para tener una mejor y más amplia perspectiva del problema de la vivienda en España.

El problema no está en el desahucio de una persona o de 25.000 en lo que llevamos de 2026; el problema está en una situación mucho más compleja que hace que desde 2018, es decir, desde que gobierna el PSOE, se han desahuciado a 275.000 personas. Menos mal que en 2015 prometió Pedro Sánchez a gritos que “cuando gobierne el PSOE no iba a haber ni uno solo”.

Entonces, ¿cuáles son los factores que hacen que el acceso a una vivienda sea tan complicado? Pues aquí voy a apuntar algunos. En primer lugar, el laberinto de procedimientos legales a los que debe enfrentarse el promotor, lo cual, desemboca en un plazo de tiempo excesivamente dilatado para unas necesidades que son urgentes.

El proceso de construir una vivienda desde que el suelo obtiene la calificación de edificable (suelo urbanizable) hasta la entrega de llaves es un camino largo, regulado y dividido en fases técnicas, administrativas y constructivas. En la legislación española, el suelo pasa por una transformación radical antes de que la primera excavadora pueda entrar.

A continuación, se detalla el paso a paso cronológico de todo el proceso:

1. Gestión Urbanística: De "Urbanizable" a "Urbano"

Que un terreno sea calificado como edificable (urbanizable) significa que tiene el potencial de ser construido, pero no se puede edificar de inmediato. Primero debe convertirse en suelo urbano consolidado mediante dos pasos esenciales:

• Plan Parcial y Proyecto de Reparcelación: Se diseña la ordenación del sector (dónde irán las viviendas, las zonas verdes y las calles). Se dividen los costes entre los propietarios del suelo.
• Obras de Urbanización: Es la fase de dotar al terreno de las infraestructuras básicas: accesos rodados (calles, aceras), red de alcantarillado, suministro de agua, electricidad, telecomunicaciones y alumbrado público. Una vez el Ayuntamiento recepciona estas obras, el suelo ya se considera urbano y apto para la edificación.

2. Fase de Diseño y Viabilidad Técnica

Con la parcela ya considerada urbana, se inicia el desarrollo del proyecto residencial específico:

• Estudio Geotécnico y Topográfico: Un laboratorio analiza la composición del terreno para saber qué tipo de cimentación necesita la estructura de forma segura. El topógrafo mide las cotas exactas de la parcela.
• Redacción del Proyecto Arquitectónico: Un arquitecto diseña la vivienda respetando los parámetros del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio:
• Edificabilidad: Metros cuadrados máximos que se pueden construir.
• Ocupación: El porcentaje de suelo de la parcela que puede ocupar la planta de la casa.
• Retranqueos: Distancia mínima obligatoria a las calles y linderos vecinos.
• Alturas máximas: Número máximo de plantas permitidas.

El proyecto consta de dos fases: el Proyecto Básico (para solicitar la licencia) y el Proyecto de Ejecución (con todo el detalle estructural e instalaciones necesarias para construir).

3. Fase Administrativa y Licencias

Ninguna obra civil puede comenzar sin la autorización del Ayuntamiento pertinente:

• Licencia de Obra Mayor: Se solicita en el Ayuntamiento presentando el proyecto arquitectónico y pagando las tasas urbanísticas correspondientes (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras - ICIO). El ayuntamiento verifica que el diseño cumple estrictamente la legalidad local.

4. Fase de Construcción (La Obra)

Una vez obtenida la licencia y seleccionado el constructor, arranca la edificación de la vivienda bajo la supervisión de la Dirección Facultativa (Arquitecto y Aparejador):

• Movimiento de tierras y cimentación: Excavación del terreno y vertido del hormigón para crear la base de la casa (zapatas, losas o pilotes según el informe geotécnico).
• Estructura: Levantamiento de pilares, vigas y forjados (normalmente de hormigón armado o acero).
• Envolvente y Cubierta: Cerramientos exteriores (fachadas) e impermeabilización del tejado para hacer la casa estanca.
• Instalaciones y Tabiquería: Colocación de divisiones interiores (pladur o ladrillo) y tendido de las redes de fontanería, electricidad, climatización y telecomunicaciones.
• Acabados: Revestimientos, suelos, pintura, carpintería interior (puertas, armarios), ventanas y sanitarios.

5. Finalización y Legalización

Terminada la obra física, no se puede entrar a vivir de inmediato. Se requiere el cierre administrativo para que la vivienda exista legalmente:

• Certificado Final de Obra (CFO): Emitido por la dirección facultativa, garantizando que la casa se ha construido según el proyecto aprobado.
• Licencia de Primera Ocupación (LPO) o Cédula de Habitabilidad: El Ayuntamiento inspecciona la vivienda para comprobar que todo cumple la normativa y es segura para vivir. Es indispensable para poder contratar los suministros definitivos de agua y luz.
• Escritura de Obra Nueva Terminada: Se firma ante notario para declarar que la edificación ha concluido y se inscribe la nueva edificación en el Registro de la Propiedad y en el Catastro.

El plazo medio de todo este proceso está entre los 3 y 7 años. Más si hay problemas burocráticos.

Así es que, aquí tenemos uno de los principales problemas: resulta imposible poder satisfacer una demanda creciente de vivienda a 5 o 10 años vista.

Sería más o menos asequible si el crecimiento de la población fuera predecible y contenido en unos parámetros normales, pero llegados a este punto tenemos que hablar de la inmigración. Me refiero a la legal; a aquellos que deciden trasladar su residencia definitiva a España.

Según el INE el número de personas que toman la decisión de trasladar su residencia a España desde el extranjero es del entorno de 1,2 millones brutos al año. También hay que tener en cuenta a aquellos que deciden abandonar España. Según el INE el saldo neto está alrededor de 626.000 personas. O sea, que cada año se necesitarían 626.000 viviendas para estos nuevos residentes. Si las viviendas tardan entre 3 y 7 años, sólo hay que multiplicar para ir viendo cuán profundo es el agujero.

DERECHO A LA VIVIENDA.

Se habla continuamente del derecho a la vivienda como un concepto sacrosanto bendecido en nuestra Constitución. Y es cierto: tenemos derecho. Pero eso no significa en modo alguno que la vivienda sea gratis. Del mismo modo, en nuestra Constitución se nos reconoce el derecho a votar en unas elecciones y sin embargo todo el mundo entiende que ese derecho no lo convierte en una obligación. De hecho, hay gente que se niega a votar sistemáticamente.

Lo que nos proporciona ese derecho es la posibilidad de que nadie nos impida adquirir o alquilar una vivienda de nuestra elección, siempre y cuando dispongamos de los recursos necesarios para ello.

Por otra parte, he querido comparar el porcentaje de españoles que son o pretenden ser propietarios de una vivienda con el resto de europeos y hay algunos datos curiosos. Por ejemplo, el 68% de los ciudadanos de la Unión Europea vive en una vivienda de su propiedad. España se mantiene por encima de la media con un 73,6% de propietarios, mientras que en Italia representa el 77%.

Los países con más propietarios son de la Europa del Este: En varias de las antiguas economías socialistas, la tasa de propiedad supera el 90%. Esto se debe a la privatización masiva de viviendas estatales a precios muy reducidos tras la caída del comunismo. Rumanía lidera el ranking con un 94%, seguida por Eslovaquia (93%) y Hungría (92%).

En los países de Europa Occidental y Central, los mercados de alquiler están altamente regulados y protegidos, lo que reduce la presión social por comprar. Alemania es el único país de la UE donde la mayoría de la población prefiere alquilar, registrando solo un 47% de propietarios. Le siguen Austria (55%) y Dinamarca (60%) con las tasas más bajas.

OKUPACION ILEGAL.

A mi modo de ver, este es uno de los principales problemas responsables de la situación que vivimos. La indefensión del propietario hace que el proceso de desahucio se prolongue durante años y al recuperar la vivienda en la mayoría de los casos, se ha de afrontar unos gastos cuantiosos para convertir en un hogar la pocilga que han dejado sus moradores anteriores.

Esta indefensión tiene como consecuencia que muchos miles de propietarios, que podrían poner en el marcado su vivienda, se retraigan y con ello, aumenten la ya de por sí crónica escasez de hogares.

Y este problema, sin duda alguna, se debe a la inacción del gobierno central que de alguna manera anima y promueve este movimiento de extrema izquierda, tan solo para contentar a una parte del gobierno del que son socios y de paso, su electorado.

La mayoría de los países del entorno europeo abordan la ocupación con un enfoque eminentemente penal, rápido y de tolerancia cero, priorizando la restitución inmediata de la propiedad privada, mientras en España a cualquiera que tenga una vivienda – y no digamos si tiene más – se le tacha, cuanto menos, de avaricioso. Esta es la fórmula que ha encontrado el gobierno actual de no responsabilizarse en su obligación de construir viviendas y al mismo tiempo proporcionar una solución habitacional a quien lo desee, tenga derecho o no. En realidad, esta política de hechos consumados se parece bastante a una expropiación forzosa al más puro estilo comunista, como se describía en Doctor Zivago.

Así se gestiona la okupación ilegal en las principales potencias europeas

País	Plazo estimado de desalojo	Sanciones y penas de cárcel	Funcionamiento del procedimiento
Alemania	24 horas	Hasta 1 año de prisión (2 años si hay violencia) y multas.	El propietario denuncia ante la policía; esta realiza el desalojo al día siguiente de constatar el hecho. Las casas desocupadas deben estar limpias por orden municipal.
Reino Unido	24 a 48 horas	Hasta 51 semanas de cárcel y multas de hasta 5.700€.	La policía tiene derecho a entrar a la fuerza en el inmueble si sospecha de okupación residencial sin necesidad de una orden judicial previa.
Francia	48 a 72 horas	Hasta 3 años de prisión y 45.000€ de multa.	Con el reciente endurecimiento normativo (como la ley Ripost para alojamientos), tras constatar la okupación, la prefectura dicta la orden y el desalojo se ejecuta de inmediato.
Italia	Rápido / Variable	De 2 a 7 años de prisión (endurecido recientemente).	Una reforma penal impulsada por el Gobierno agilizó la intervención policial de urgencia tras la denuncia, evitando los antiguos atascos burocráticos.

 

SALARIOS.

Un asunto nada baladí es el salario del que disponemos los españoles a la hora de poder alquilar, o comprar, o simplemente vivir decentemente. Hoy en día, sabemos de muchas familias en las que trabajan ambos individuos y tienen dificultades para llegar a fin de mes.

Los salarios en España se sitúan en una posición intermedia dentro de la Unión Europea, notablemente por debajo de las potencias económicas del norte y centro de Europa, pero significativamente por encima de los países del Este. El salario medio bruto anual ajustado a jornada completa en España ronda los 32.500 euros, una cifra que se queda más de 5.000 euros por debajo de la media de la Unión Europea.

Comparativa general de salarios

El mercado laboral europeo muestra una enorme brecha geográfica y estructural:

País	Salario Medio Anual	Relación con España
Luxemburgo	~78.000 € a 81.000 €	Más del doble que en España
Alemania	~40.000 € - 45.000 €	Un 30% - 37% superior
Francia	~38.000 €	Un 30% superior
España	32.500 €	Punto de referencia
Grecia / Hungría	~17.000 €	Casi la mitad que en España
Bulgaria	~13.500 €	El más bajo de la UE

 

Trabajar en España supone ganar, en términos brutos, aproximadamente un 30% menos que en países vecinos como Francia o Alemania. Ocupamos el puesto número 15 de la tabla europea.

En cuanto al salario mínimo legal, España (situado en el entorno de los 1.381 € al mes en 12 pagas según las métricas armonizadas de Bankinter) se posiciona en la zona media-alta, muy lejos de los 2.700 € de Luxemburgo, pero a gran distancia de los mínimos de Europa del Este.

El coste de vida en España es inferior a la media europea. Al calcular el poder adquisitivo real, la distancia se reduce; por ejemplo, la capacidad de compra de un ciudadano danés es solo un 30% superior a la de un español, no el doble atendiendo a la diferencia salarial.

VIVIENDA PROTEGIDA.

En España se sigue construyendo Vivienda de Protección Oficial (VPO), aunque a un ritmo muy inferior al de hace unas décadas. En 2025 solo se terminaron 11.104 viviendas protegidas en todo el país. Durante el primer trimestre de 2026, se finalizaron 5.215 VPO (¡vive Dios que me espanta tanta grandeza!).

Al parecer hay un plan: El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Según él, el 40% de este presupuesto se destinará a la construcción de vivienda asequible, financiando tanto promociones públicas como proyectos de colaboración público-privada con ayudas de hasta 85.000 euros por vivienda. El nuevo modelo prioriza el régimen de alquiler. Además, las viviendas construidas bajo este nuevo plan estatal mantendrán su calificación de protegidas de forma permanente, evitando que pasen al mercado libre al cabo de unos años.

Pero como todo no podían ser buenas noticias, de nuevo nos topamos con El "cuello de botella" burocrático. Las licencias de obras gestionadas por los ayuntamientos sufren demoras que en muchas regiones oscilan entre el año y medio y los dos años, lo que ralentiza enormemente la salida de los nuevos inmuebles al mercado.

¿Y EN EUROPA? Pues en Europa hay grandes diferencias como se puede ver en el siguiente cuadro, pero es evidente que estamos a años luz de cualquiera de ellos.

Comparativa del Parque de Vivienda Pública en Europa

País	% de Vivienda Pública sobre el total	Modelo Principal de Tenencia	Estrategia de Protección
Países Bajos	30%	Alquiler social universal	Permanente (Gestionado por housing associations)
Austria	24%	Alquiler asequible/mixto	Permanente (Suelo municipal no privatizable)
Dinamarca	20%	Cooperativas y alquiler	Permanente y sin ánimo de lucro
Media UE	~9,3%	Predominio de alquiler	Variable según el Estado miembro
España	~2% - 3,4%	Históricamente Propiedad	Temporal (Desprotección automática tras unos años)

 

PROPIEDAD PRIVADA Y EL RESPALDO DE LAS LEYES.

El nulo respeto a la propiedad privada por parte del gobierno en materia de vivienda, como ha demostrado recientemente la VP del Gobierno Yolanda Díaz al afirmar “si hay que expropiar se expropia”, junto con la criminalización de los propietarios de esas mismas viviendas, configuran un entorno hostil alrededor de estas personas, a las que se les adjudica la responsabilidad directa de todos los males del sector como consecuencia de su insaciable avaricia y de su afán de ganar más y más dinero subiendo los precios del alquiler o dedicarlo a vacacional.

Algo parecido sucedía en la Edad Media con aquellas a las que se acusaba de brujería y terminaban en la hoguera.

Cuando así se apunta con el dedo desde las instituciones, olvidan – muy convenientemente – que el mismo gobierno es el que somete a una implacable persecución impositiva a todos los ciudadanos, en especial a los tenedores de viviendas. Olvidan, también, que todos los ministros disfrutan de varias propiedades inmobiliarias, que, al parecer, están fuera de la amenaza de ser expropiadas.

Como ya he mencionado anteriormente, si los propietarios tuvieran un respaldo legal que les garantizara tanto el cobro de sus alquileres como la rápida recuperación de su vivienda en caso de impago, con este simple hecho, los caseros pondrían en el mercado inmobiliario MILLONES de viviendas. En ese mismo instante, la ley de la oferta y la demanda ajustaría automáticamente los precios de las mismas, tal y como sucede con cualquier producto: a mayor oferta, menor precio. Eso convertiría en asequible lo que hoy, o no está en el mercado o está fuera del alcance de la mayoría por el precio. Sería una medida que daría sus frutos casi de inmediato. Pero claro, trasladaría al propio gobierno la responsabilidad de dar cobertura social a todos aquellos que no disponen de los recursos básicos y entonces les tendrían que dar cobijo y ya se sabe que, si no vienes en cayuco, en patera o a nado, se les hace muy complicado.

A nivel general, el Instituto Nacional de Estadística (INE) estimó en su último censo detallado que en España existen 3,8 millones de viviendas vacías. Sin embargo, la inmensa mayoría de ellas están sin habitar por motivos estructurales (mal estado, necesidad de reforma, herencias bloqueadas o ubicaciones rurales sin demanda).

El impacto del miedo en las viviendas vacías

• El porcentaje afectado: De acuerdo con los estudios de Fotocasa Research, menos del 3% de los propietarios en España mantiene una vivienda vacía.
• El peso del temor: De ese pequeño porcentaje de viviendas cerradas, la desconfianza hacia los inquilinos y el temor a problemas como los impagos o la ocupación ilegal ha escalado hasta convertirse en el motivo principal para el 14% de esos propietarios (un porcentaje que prácticamente se ha duplicado en los últimos años debido a la incertidumbre normativa).

Traducido al volumen real en las zonas urbanas y de alta demanda (donde se concentra la crisis del alquiler), los expertos apuntan a que son decenas de miles de viviendas las que están retenidas exclusivamente por este factor. A esto se suma el fenómeno de los arrendadores que, en lugar de dejar el piso completamente vacío, deciden desviar sus inmuebles del alquiler residencial de larga duración hacia el alquiler turístico o de temporada para evitar los riesgos percibidos de la Ley de Vivienda.

INVERSIÓN Y RENTABILIDAD.

Otro de los mantras favoritos de quienes siempre están dispuestos a acampar donde sea y con el fin que sea, siempre que esté prohibido hacerlo, es aquel que dice: “prohibido especular con un bien que representa un derecho básico como la vivienda”. Esta es la máxima expresión de lo que acabo de mencionar en el párrafo anterior. La propiedad privada deja de ser privada cuando alguien decide que tiene más derechos sobre ella que el propio poseedor legal de la misma.

Intencionadamente, se colocan en la misma frase los términos vivienda y especulación y ya tenemos el mantra.

Según el DRAE, la verdad es que algunas de las acepciones del término “especular”, casi levantan más enconamientos que el original, siendo “traficar” el que más me llama la atención. Sin embargo, creo que la acepción que más se ajusta al asunto que estamos tratando es el siguiente: “Procurar provecho o ganancia fuera del tráfico mercantil.” De nuevo, la idea de sacar provecho o ganancia en relación a una vivienda alimenta el sofisma de que tal cosa no es ética y se intenta apoyar en la idea de que la vivienda es un derecho básico y de extrema necesidad. Ya, y el pan también y sin embargo hay gente que gana dinero fabricando y vendiendo pan. ¿Quiere eso decir que también vamos a expropiar a las panaderías?

Por el momento, en España es perfectamente lícito el ejercicio de la compra venta de viviendas, aunque hay miembros del gobierno y de quienes han sido miembros del Consejo de Ministros, que apunten a prohibir, recortar y cercenar ese derecho en base a una serie de exclusiones que, en definitiva, no son más que intervenciones de tipo comunista en un mercado, en este caso, el de la vivienda.

No se puede prohibir la compra de inmuebles a extranjeros, por el hecho de serlo; ni tampoco exigir que tengan que vivir en la vivienda que compran, como se ha podido leer estos días en distintos medios de comunicación. Esto último entra de lleno en una clara contradicción con la idea de permitir que supuestos españoles que no han nacido en España, no viven en España, no pagan sus impuestos en España y nunca han estado en España, puedan elegir quién va a ser el presidente del gobierno de España.

Es cierto que, hay muchos extranjeros que deciden adquirir un inmueble en España. Para lo que sea: segunda residencia, retiro permanente, alquiler vacacional, etc. Y es cierto que, al ser tantos, provenientes de toda Europa – países bálticos, Polonia, Hungría, Ucrania … - la demanda de vivienda crece, la oferta es insuficiente y todo ello hace que el precio del producto suba. Y dado que los sueldos de España – como hemos visto – no están a la altura del resto de Europa, esas condiciones nos coloca en una posición de desventaja en relación al resto. Pero esa desventaja no se soluciona con medidas intervencionistas al más puro estilo Estalinista. No se soluciona entorpeciendo el normal desarrollo del mercado libre, con medidas coercitivas. Eso convertiría a España en una especie de “corralito inmobiliario”, similar a lo sucedido en Argentina o Grecia con la moneda.

Además, y por si la lógica más elemental no fuera suficiente, la normativa comunitaria protege la libre circulación de capitales, lo que impide que un país de la Unión Europea prohíba de forma generalizada a un ciudadano de otro estado miembro comprar una vivienda. Así es que la idea de la cajera más lista de España, Irene Montero, de prohibir este tipo de operaciones, está prohibida por Bruselas, por cierto, donde ella tiene un escaño y, por tanto, debería saberlo. ¡Pobre!

Algunos países europeos como Dinamarca o Malta, contemplan ciertas restricciones a la hora de comprar SEGUNDAS RESIDENCIAS.  Fuera de la UE, países como Suiza o Andorra, han establecido ciertas normas restrictivas a la hora de adquirir una vivienda.

Dado que prohibir compras por nacionalidad viola las leyes de la UE, la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa propuestas regulatorias que no discriminan por pasaporte, sino por el uso de la vivienda y la situación del mercado local:

• Se plantea abrir la puerta a que regiones bajo extrema presión residencial (como se debate intensamente en las Islas Baleares o Canarias) puedan limitar la compra de viviendas no habituales o segundas residencias.
• Estas limitaciones solo se activarían si se cumplen criterios objetivos (como que el precio de la vivienda equivalga a una cantidad desproporcionada de años del salario medio local o que la demanda supere masivamente a la oferta)

 

Apuntes finales.

Cuando un país en el período 2018 – 2026 se ve en la obligación de ejecutar 275.000 desahucios, algo anda mal.

Cuando en el 2026 se han ejecutado 25.000, algo anda mal.

Cuando hay un déficit estructural de vivienda cifrado entorno a 600.000 cada año, algo anda mal.

Cuando cada año España recibe a 1,2 millones (brutos) de nuevos residentes, se crea un problema.

Cuando la construcción de nuevas viviendas se demora una media de entre 5 y 10 años por problemas burocráticos, algo anda mal.

Cuando faltan obreros cualificados en la Construcción con más de 2 millones de parados, algo anda mal.

Evolución de las denuncias por ocupación ilegal en España en los últimos años

El número de casos ha mostrado ligeras fluctuaciones, manteniéndose en un rango estable dentro del mercado inmobiliario español:

• 2021: 17.274 denuncias (el pico más alto registrado)
• 2022: 16.765 denuncias
• 2023: 15.289 denuncias
• 2024: 16.426 denuncias
• 2025: 14.875 denuncias (un descenso de casi el 10% respecto al año anterior

Cuando en España hay 80.629 viviendas que han sido okupadas ilegalmente, en los últimos 5 años, algo anda mal.

No son fondos buitre. No pertenecen a grandes tenedores. Son casas de gente normal, que, al volver de la compra en el súper, o de vacaciones, o de prestar unos días a un amigo su casa, etc. se han encontrado en la calle y sin ayuda.

Los culpables no son los caseros que deciden poner su vivienda en vacacional por puro miedo. Ellos no son los culpables de poner alquileres altos. Ellos tienen que pagar hipotecas, impuestos, gasolina, comida, Hacienda… y tienen derecho a ganar dinero, del mismo modo que el panadero hace lo propio con el pan.

Los fondos buitre no se dedican a perseguir a ancianas para especular con su vivienda por muy bien situada que esté en Madrid.

El "Top 3" de los Fondos Inmobiliarios en España

• Blackstone (Estados Unidos): Es el mayor casero y propietario privado de España. Entró con fuerza en el mercado español comprando miles de viviendas protegidas de la EMVS de Madrid y posteriormente carteras masivas de bancos como Catalunya Caixa o el Banco Popular. Gestiona su inmenso parque residencial a través de diversas filiales y Socimis (como Aliseda o Anticipa), acumulando un volumen cercano a las 20.000 viviendas en todo el país.
• Lone Star (Estados Unidos): Ocupa un lugar clave en el podio tras absorber gran parte del negocio inmobiliario de entidades financieras españolas. Su operación más destacada fue la compra del 80% del negocio inmobiliario de CaixaBank (servicer Servihabitat incluido), lo que le permite controlar una cartera residencial superior a las 10.000 viviendas.
• Cerberus (Estados Unidos): Es otro de los grandes fondos norteamericanos con mayor presencia en el sector de los activos adjudicados y carteras de deuda deteriorada. Se consolidó en España al adquirir la mayor parte del negocio inmobiliario del BBVA (a través de la división Anida) por unos 4.000 millones de euros, además de controlar otras plataformas de gestión de activos como Haya Real Estate.

 

Una solución urgente y eficaz pasa por asegurar a los caseros el respeto constitucional a la propiedad privada. Eso pondría en el mercado decenas de miles de inmuebles y a un precio asequible. De paso, reduciría el peso del vacacional porque se haría el camino inverso, ya que un alquiler de largo plazo y asegurado es mucho más ventajoso que el vacacional.

Construir de verdad viviendas, a un ritmo suficiente y con una burocracia simplificada. Del mismo modo que se destina un tanto por ciento a la Defensa, habría que hacer lo propio con la Vivienda.

Menos chiringuitos y menos ONG’s de pacotilla que sólo sirven para que unos viven como pachás.

Mejores condiciones salariales o lo que es lo mismo, menos impuestos a empresas y trabajadores.

 

 

© Carlos Usín.