El problema de la vivienda.

A la hora de controlar el llamado problema habitacional, hay ciertas variables que forman parte de la ecuación. Una de ellas tiene que ver con los sueldos que se pagan, que, a su vez, está relacionado con el tipo de trabajos que se desarrollan, aunque, en general, podemos asumir que tanto unos como otros, son lamentables.

Pero hay otro aspecto que puede tener arreglo, un arreglo más elegante, en lugar de intervenir como un elefante en una cacharrería y hablar de expropiaciones y de leyes de dudosa legalidad. El gobierno podría establecer ciertas normas de comportamiento a las empresas que invierten en viviendas, suelos y locales, cuando pretendan establecerse en España, del mismo modo que se les exige a las que cotizan en bolsa, por poner un ejemplo.

Está bien que vengan compañías y que inviertan, pero del mismo modo que Marruecos, por ejemplo, obliga a los pesqueros españoles a contratar a un cierto número de pescadores marroquíes si quieren pescar algo en sus aguas, el gobierno debería proteger de alguna manera el hecho de que ciertas empresas se adueñen de miles de viviendas, sin ningún coto, y sin más leyes que las del mercado de la oferta y la demanda. 

 

Hay ciertos campos en los que no es bueno dejarlos en manos extranjeras e incluso, alguno, yo sería partidario de nacionalizar. Personalmente, no vería con malos ojos la nacionalización de las eléctricas, al tratarse de una necesidad primaria de la que muchas personas no pueden hacer uso debido a sus precios desorbitados y, paradójicamente, a los inmensos impuestos que el propio gobierno nos clava a todos.

Con Franco había un ministro de la Vivienda. Y hoy, tenemos ministros para cualquier chorrada, pero no uno dedicado a este asunto. Sólo es un segundo nivel, un Secretario de Estado y desde 2010 depende de Fomento, o sea, Ábalos.

El Estado, debe hacer lo posible para evitar que ciertas empresas dejen en la calle a los más desfavorecidos con unas políticas dirigidas exclusivamente a obtener beneficios. Pero debe ser un pacto de Estado y no 17 medidas cada una de una C.A.

Por ejemplo, del mismo modo que a una promotora se le exige que ofrezca unos espacios verdes, o parques infantiles, a las SOCIMIS se les podría exigir que invirtieran parte de su capital en vivienda social, con unos alquileres subvencionados por el Estado, y con unos beneficios fiscales para las empresas. Sería una forma de colaboración entre lo público y lo privado para solucionar un problema.

Claro que, a todo esto, habría que añadir, que sería deseable que un gobierno social-comunista dedicara 53 millones de euros a construir viviendas sociales, en vez de regalarle esos millones a los colegas de Plus Ultra o que, en su día, hubiera destinado parte de los más de 600.000.000 de euros que robaron en Andalucía a tales menesteres.

Extrema derecha vs extrema izquierda.

Asaltaron los cielos y se plantaron en las calles y plazas de España bajo la autodenominación de “los indignados”. El mundo había nacido en ese momento y nada de lo hecho hasta entonces tenía valor alguno. Aposentaron sus reales con sus ropas – la mayoría – andrajos – algunos – sacos de dormir y tiendas de campaña con mejor o peor aspecto. Al poco tiempo, ya tenían cartelería y pancartas que alguien debió abonar. Gritaron al mundo consignas nuevas con sabor a rancio.

Proclamaron que el bipartidismo era criminal y deleznable. Que era casi corrupción. Ellos, aunque sucios por fuera, se presentaron limpios y honestos. Todos los demás, estaban contaminados. Ellos, venía de un mundo paralelo e impoluto. Eran casi vírgenes en todos los sentidos menos en el carnal. No tenían más experiencia que la que dan los libros y las pizarras de la universidad. Eso les hacía atractivos. A algunos, claro.

Consiguieron formar un partido político que se fue esparciendo como las esporas en el viento, mimetizándose en cada C.A. y adoptando diferentes collares para un mismo perro.  Hubo quien creyó en sus supuestos principios. Principios que, como decía Groucho Marx, “estos son los míos y si no les gusta, tengo otros”.

Consiguieron su propósito de atomizar el Congreso de los Diputados. La felicidad inundaba sus rostros y el de los que les votaron: iban a derribar el sistema; el corrupto sistema. Habían terminado para siempre con el espíritu del 78, la Constitución estaba vieja, obsoleta y caduca. Había que hacer una nueva. La Monarquía no servía, era la causa y el origen de todos los males. La solución era la República y el Comunismo.

Era un partido asambleario; en un permanente y continuo estado de asamblea donde se votaba qué había que votar. Hasta que comenzaron a escucharse las primeras voces disidentes y comenzó a surgir la figura del líder omnímodo. Las voces fueron acalladas, expulsadas. Sólo los fieles permanecerían al lado del líder. Los principios y las promesas, se fueron incumpliendo hasta convertirse en algo anecdótico.

Por eso, los liderazgos unipersonales suelen tener una corta vigencia, alimentada exclusivamente por la infinita ambición del propio líder y su enfermiza necesidad de protagonismo.

Ahora, aquellos que en su día quisieron demonizar el espíritu de concordia del 78, la Constitución consensuada y deseada por el 92% de los españoles. Los mismos que dijeron iban a terminar con el binomio PP-PSOE, ahora, son los principales responsables de que en las próximas elecciones en Madrid el voto se decante por extrema derecha o extrema izquierda.

Para este viaje no se necesitaban alforjas.