El problema de la vivienda.

A la hora de controlar el llamado problema habitacional, hay ciertas variables que forman parte de la ecuación. Una de ellas tiene que ver con los sueldos que se pagan, que, a su vez, está relacionado con el tipo de trabajos que se desarrollan, aunque, en general, podemos asumir que tanto unos como otros, son lamentables.

Pero hay otro aspecto que puede tener arreglo, un arreglo más elegante, en lugar de intervenir como un elefante en una cacharrería y hablar de expropiaciones y de leyes de dudosa legalidad. El gobierno podría establecer ciertas normas de comportamiento a las empresas que invierten en viviendas, suelos y locales, cuando pretendan establecerse en España, del mismo modo que se les exige a las que cotizan en bolsa, por poner un ejemplo.

Está bien que vengan compañías y que inviertan, pero del mismo modo que Marruecos, por ejemplo, obliga a los pesqueros españoles a contratar a un cierto número de pescadores marroquíes si quieren pescar algo en sus aguas, el gobierno debería proteger de alguna manera el hecho de que ciertas empresas se adueñen de miles de viviendas, sin ningún coto, y sin más leyes que las del mercado de la oferta y la demanda. 

 

Hay ciertos campos en los que no es bueno dejarlos en manos extranjeras e incluso, alguno, yo sería partidario de nacionalizar. Personalmente, no vería con malos ojos la nacionalización de las eléctricas, al tratarse de una necesidad primaria de la que muchas personas no pueden hacer uso debido a sus precios desorbitados y, paradójicamente, a los inmensos impuestos que el propio gobierno nos clava a todos.

Con Franco había un ministro de la Vivienda. Y hoy, tenemos ministros para cualquier chorrada, pero no uno dedicado a este asunto. Sólo es un segundo nivel, un Secretario de Estado y desde 2010 depende de Fomento, o sea, Ábalos.

El Estado, debe hacer lo posible para evitar que ciertas empresas dejen en la calle a los más desfavorecidos con unas políticas dirigidas exclusivamente a obtener beneficios. Pero debe ser un pacto de Estado y no 17 medidas cada una de una C.A.

Por ejemplo, del mismo modo que a una promotora se le exige que ofrezca unos espacios verdes, o parques infantiles, a las SOCIMIS se les podría exigir que invirtieran parte de su capital en vivienda social, con unos alquileres subvencionados por el Estado, y con unos beneficios fiscales para las empresas. Sería una forma de colaboración entre lo público y lo privado para solucionar un problema.

Claro que, a todo esto, habría que añadir, que sería deseable que un gobierno social-comunista dedicara 53 millones de euros a construir viviendas sociales, en vez de regalarle esos millones a los colegas de Plus Ultra o que, en su día, hubiera destinado parte de los más de 600.000.000 de euros que robaron en Andalucía a tales menesteres.