Parece que al hablar de derecho de huelga de los trabajadores en España, lo lógico sería pensar que afecta a toda clase de trabajadores. Pero no es así y también tiene su lógica, aunque parezca un contrasentido. Como en toda democracia, siempre existen unos límites y contrapesos que intentan equilibrar la balanza de derechos y obligaciones. Y el caso de la huelga, es uno de ellos.
Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tienen limitado ese derecho. Los médicos, los conductores de tren y un sin fin de profesiones. Hace unos años, no demasiados, se puso coto a los desmanes que cada cierto tiempo, provocaban los controladores aéreos, los cuales, solían ponerse en huelga, justo en el momento en el que más se les necesitaba; cuando los seres humanos normales y corrientes, tomaban los aviones para intentar disfrutar de unas vacaciones.
Hoy, sucede algo muy parecido con los trabajadores de la recogida de basuras. En Italia, en el sur, este tipo de trabajo está practicamente en manos de la Mafia. Por eso, de vez en cuando, cuando se ponen en huelga, los habitantes de los pueblos y ciudades sureñas, pueden verse inundados por toneladas de basura durante meses y hasta que no cludican las autoridades a las exigencias de los mafiosos, la huelga no termina.
En España, sucede algo parecido; pero no de ahora, ya viene de antiguo. Cada vez que una empresa de limpiezas, concesionaria del servicio de recogida de basuras de alguna ciudad, decide afrontar un ERE, una serie de despidos, una reducción de empleados, de costes o lo que sea que vaya en contra de los trabajadores, se monta una huelga. ¿Y quién sufre las consecuencias? Los ciudadanos que pagan los impuestos con los cuales se pagan las nóminas de esos mismos huelguistas, con el agravante de que los días en los que no se ha recogido la basura, no se le descuentan de sus impuestos.
Es evidente, que en la mayoría de las ocasiones, los llamados servicios mínimos decretados por el ayuntamiento de turno, no se cumplen. Es más, se producen altercados, piquetes, manifestaciones, sabotajes a los vehículos, algaradas y quema de contenedores, aumento de la presencia policial, pago de horas extras, etc, todo lo cual, redunda en un aumento de los costes a añadir a la propia huelga. Costes, que por supuesto, no tienen que afrontar los sindicatos promotores de la misma.
Es por este tipo de cosas, por las que se me ocurre que deberíamos hacer con los barrenderos, las mismas excepciones que ya hacemos con los controladores aéreos, los guardias civiles o los bomberos. Y dado que la teoría de los servicios mínimos no surte efecto, por la simpel razón de que no se cumplen, o endurecer las sanciones, o hacer por defecto responsables a los sindicatos convocantes de todos los daños originados al mobiliario urbano o mucho más sencillo: denegar el derecho de huelga.
Aparte de las incomodidades, del coste y demás, existe un riesgo indiscutible de efectos nocivos para la salud de los ciudadanos. ¿Qué pasaría si un día se detectara un foco de infección como consecuencia de una huelga de este tipo? ¿Quién se haría responsable? ¿Qué consecuencias pordía tener? Porque al hilo de este razonamiento hay que recordar que en ciudades como Sevilla, han padecido este tipo de chantajes en pleno verano. O en Galicia, que allí en verano, también hace calor.
Por tanto, creo que por nuestra salud, deberíamos de repensar un poco en cierta clase de derechos de algunos trabajadores que, por su específica dedicación e implicaciones, deberían tener un tratamiento tan especial como el que tienen los controladores, los bomberos o los guardias civiles, por ejemplo.
Al final, en el caso de Madrid, los sindicatos se han salido con la suya: el ERE, origen y causa de este conflicto, se ha tenido que paralizar. O sea: que para este viaje, no se necesitaban alforjas.
