Confieso que durante bastante tiempo – probablemente más del debido – mi ingenua inocencia me llevaba a pensar que los árbitros de fútbol eran ecuánimes y objetivos. Que podían equivocarse pero que no lo hacían de mala fe. Por alguna extraña concomitancia de índole freudiana que seguramente tiene que ver con el desempeño del poder, pensaba exactamente lo mismo acerca de los jueces. Los de la toga, no los de línea.
A medida que fue pasando el
tiempo, fui madurando, al tiempo que cada vez con más firmeza, alejaba de mí
esa imagen dulzona y absolutamente estúpida, de pensar que “to er mundo e
güeno”. Y de esa ingenuidad pueril he pasado a sostener la teoría que esto está
lleno de hijos de Satanás. Y que conste que no lo digo por el VAR, que también.
Me estoy refiriendo a la impúdica lucha sin cuartel por intentar dominar el
CGPJ y en general, a la Justicia, con mayúsculas.
Porque, aunque ahora mismo se
esté dando una batalla para controlar el órgano de los jueces, en el fondo,
estamos inmersos en otra guerra, mucho más amplia, que tiene tintes
totalitarios, fascistas y, en cualquier caso, preocupantes. Porque es muy
preocupante y al mismo tiempo sintomático, que el común de los ciudadanos
sepamos de antemano cómo va a terminar una investigación judicial - con
imputación o sin ella-, sobre ciertos personajes y cómo va a terminar sobre
ciertos otros. Y a eso, es imposible que se le llame Justicia.
Es imposible que haya justicia
cuando al frente de la Fiscalía, colocas a una tiparraca que tiene carné del
partido del gobierno y que, de hecho, ha sido ministra con ese mismo gobierno.
Pero es que hay más. La susodicha, es pareja sentimental de un ex juez, al que
echaron de la carrera judicial por creer que la justicia estaba a su merced
para cubrir los objetivos que él se hubiera fijado en cada momento. Y por si
todo esto no fuera suficiente, el propio presidente del gobierno, alardea en
plan chulesco cuando dice “¿De quién depende la Fiscalía? Pue eso”. Por si no
nos había quedado claro.
Ahora, a este “selecto” grupo de jueces marxistas, se les unen otros dos ejemplares que no les andan a la zaga: José Ricardo de Prada y Victoria Rosell. Estudiemos un poco sus andanzas para conocer mejor el cariz que están tomando las cosas en la Justicia.
(Fuente: Infolibre y Libertaddigital)
El juez De Prada, fue el artífice
de la famosa moción de censura que consiguió derrocar al Gobierno de Mariano
Rajoy y llevar a Pedro Sánchez a La
Moncloa. De Prada tumbó al Ejecutivo del PP con la sentencia sobre la primera
época del caso Gürtel en la que cuestionó la "credibilidad"
del propio Rajoy y en la que los populares fueron condenados a pagar 245.000
euros de multa como partícipes a título lucrativo de la trama corrupta.
A destacar varios aspectos de esta
actuación.
1)
El juez De Prada junto con su colega Julio de
Diego López, obligaron a Mariano Rajoy a acudir personalmente a testificar,
siendo presidente del Gobierno, algo hasta ese momento, inédito en España, lo
que a todas luces fue un exceso de poder por parte de los jueces y una
humillación inferida al, en ese momento, todavía presidente Rajoy.
2)
Los comentarios vertidos en la sentencia por
parte de De Prada, sirvieron como excusa a Pedro Sánchez, a la sazón ciudadano
sin más – le habían echado de la Secretaría General del PSOE y había renunciado
al acta de Diputado – para presentar una moción de censura contra el gobierno
del PP, que terminó como todos sabemos: con la inestimable ayuda del PNV que
había estado negociando con Rajoy unas semanas antes cómo arrancarle 800
millones más. Una vez obtenidos los millones, decidieron subirse al carro de un
gobierno débil que les iba a necesitar.
3)
Tras la llegada al poder por la puerta de atrás
de Pedro Sánchez, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
concluye que la argumentación que hizo el magistrado José Ricardo de Prada
sobre la presunta caja B del PP en la sentencia sobre la primera época de la
trama Gürtel no era "absolutamente necesaria" y su imparcialidad para
juzgar la supuesta contabilidad opaca del partido ya está
"comprometida". El daño, ya estaba hecho.
4) La
propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidía posteriormente
apartarle del juicio de la caja B del PP al
considerar que ya entró a valorar los hechos en la sentencia que dictó sobre la
primera época del caso Gürtel (1999-2005).
Tras denunciar varios medios de comunicación sus maniobras en la citada
sentencia, De Prada pidió amparo al CGPJ ante lo que consideraba una campaña
que le había convertido en "chivo expiatorio". Tras estudiar su caso,
el Gobierno de los jueces se negó a darle amparo.
Dada su inequívoca trayectoria
profesional y el cariz tanto de sus comentarios como de sus propias sentencias,
existen motivos más que suficientes para considerar al juez De Prada un
Trotskista o Estalinista.
Especialmente polémicas han sido sus
decisiones judiciales relacionadas con el terrorismo de ETA o de los CDR en
Cataluña. Además, fue uno de los magistrados que apoyó públicamente a Baltasar
Garzón cuando fue juzgado en el caso de las escuchas ilegales en Gürtel por lo
que fue finalmente inhabilitado como juez.
Como se ve, se cierra el círculo. La
Loles de Fiscal, su churri el Garzón, pululando como una mosca alrededor de la
miel por las fronteras de la justicia en España; De Prada allanando el camino
del Dr. Fraude a la Moncloa y ahora, la Moncloa, quiere recompensar sus
esfuerzos y su marxismo militante con un puesto en el CGPJ.
En 2011, De Prada justificó el
chivatazo a ETA en el ‘caso
Faisán’ porque, según su criterio, se produjo en un contexto
de negociación que el Gobierno socialista mantenía con la banda terrorista y
porque sus autores fueron policías que seguían órdenes. Aseguró literalmente
que el chivatazo fue una "acción de oportunidad y eficacia discutible,
pero, en todo caso, tendente a evitar de una u otra manera futuras acciones
terroristas".
Esta tesis, era exactamente, punto
por punto, la que defendía Garzón, instructor del caso, churri de la Loles y
colega de militancia comunista.
Más ejemplos del talante
“progresista” del individuo.
En una ocasión rechazó condenar a un
joven que había realizado una pintada a favor de ETA descartando el delito de
enaltecimiento de terrorismo porque se trataba de un "texto inacabado
de contenido interpretable".
Durante un curso de verano de la
Universidad Complutense de Madrid afirmó incluso que las penas a etarras eran "altas
y desproporcionadas".
La Asociación de Víctimas del
Terrorismo AVT le denunció ante el Consejo General del Poder Judicial por
afirmar que en España "las torturas se han producido de forma
clara". Dichas acusaciones las realizaba en una mesa redonda
organizada por el Ayuntamiento de Tolosa, compartida con el abogado de ETA,
Íñigo Iruin, y bajo el título "Excepcionalidad jurídica en Euskal
Herria". "Yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte de tortura
que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de
Derecho", añadía.
Más recientemente, en el caso del golpe
del 1-O de 2017 fue el único de los 5 magistrados de su Sección que se
posicionó en contra de mantener la prisión provisional para el expresidente de
la ANC, Jordi Sánchez y el presidente de Ómnium Cutural, Jordi
Cuixart.
Además, anuló la prisión de 4 de los
CDR arrestados por delitos de terrorismo, fabricación y tenencia de
explosivos, y conspiración para causar estragos. Respecto a uno de ellos,
aseguró que no almacenaba explosivos, sino "sustancias" para
fabricarlos.
Por su parte, la juez Victoria Rosell es
magistrada en excedencia de la asociación ‘progresista’ Juezas y Jueces para la
democracia, exdiputada de Podemos y actual delegada del Gobierno contra la
Violencia de Género. Llegó incluso a ser postulada como ministra de Justicia
por la formación de Pablo Iglesias.
Desde su Juzgado de Instrucción nº 8 de Las
Palmas de Gran Canaria, ha tenido diversos incidentes con los representantes
del Ejecutivo de las islas a los que acusaba de trabajar para el PP.
También desarrolló funciones como juez
de control del Centro de Internamiento de Extranjeros CIE de Gran Canaria. La
Delegación del Gobierno y la Fiscalía la acusaron de practicar diligencias que
excedían sus competencias. Llegó incluso a impedir la devolución a Marruecos de
dos inmigrantes a pesar de que no era competente para ello.
Fuera de los Juzgados también ha
provocado fuertes enfrentamientos por su soberbia. Siendo diputada de Podemos
protagonizó una lamentable escena en el aeropuerto de Gran Canaria en el 2016.
Se presentó en el mostrador de información de AENA "con actitud soberbia,
solicitando que se le abriese la sala de autoridades inmediatamente,
para viajar a Madrid" en un vuelo que salía 45 minutos después.
El empleado del aeropuerto le
explicó que, aunque fuera diputada no tenía derecho a usar esa sala, ya que
"hay un protocolo de solicitud, que autoriza previamente la Delegación de
Gobierno, siempre y cuando quien lo solicita tenga derecho a ello". La
Guardia Civil le exigió que se identificara tras montar un enfrentamiento airado
y Rosell le llegó a contestar "no me da la gana". Ella lo negó e
intentó quitar hierro a la polémica que, sin embargo, fue captada por las
cámaras de seguridad.
De esta ristra de ejemplos extraídos
de la prensa, lo que cabe destacar, por encima de cualquier otra consideración,
es la infinita soberbia con la que los
marxistas-leninistas-estalinistas-trotskistas, se mueven por el mundo. La misma
con la que los terroristas de ETA se movían por San Juan de Luz o Biarritz.
La prepotencia con la que actúan y
se dejan oír, nos da una idea de lo que pudo haber sido en su día un estado
como el soviético dirigido por los originales Stalin, Lenin, Beria, Jruchev y
compañía. Si en estos días y con una libertad de prensa amenazada, pero todavía
libre, con cámaras de seguridad que todo lo graban, con Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad que siguen siendo fieles a su papel, son capaces de comportarse de
esta forma, no alcanzo a imaginar lo que sería si la presión a la que están
sometiendo a la Justicia, terminara por romper el equilibrio inestable de
fuerzas que actualmente la sostienen.
No es solamente la lucha por el
CGPJ, es que es todo. Es la Fiscalía, el Constitucional, el Supremo, la forma
de elegirlos. Y si en algún momento llegaran a controlarlo todo, que nadie
tenga la más mínima duda que terminaríamos como Venezuela, aprobando leyes
inasumibles, persiguiendo a los “enemigos del pueblo”, traicionando la voluntad
democrática y al fin, alzándose con el poder omnímodo que es el que persiguen
desde 1917.
No se puede, no se debe negociar
nada con esta gentuza. Son lobos con piel de cordero y cuando alcancen sus
objetivos totalitarios, ya no tendremos posibilidad de volver atrás. Salvo con
sangre, como siempre. La historia debería enseñarnos que así ha sucedido en
todos los países donde se implantó esta filosofía criminal. Sin excepción.
Ahora que se ha establecido una
lucha sin cuartel por dominar el CGPJ algunos sugieren que tal vez sería bueno
que regresáramos al sistema que había en 1985, cuando Felipe González cambió el
sistema de elección de los jueces. Antes de eso, eran los propios jueces
quienes elegían entre sus colegas quién debería ostentar el cargo.
Pero visto lo visto, y aunque no
comparto que sean los partidos políticos quienes manoseen la Justicia con sus
negociaciones, me parece que sería todavía peor que una pandilla de togas
execrables, decidiese ir coronando poco a poco todos los resortes del aparato
judicial del Estado, extendiéndose como un cáncer en su fase de metástasis o como
una mancha de chapapote: negra, apestosa y pastosa, que no se limpia con nada y
que todo lo que toca lo mata.
¡Qué decepción! Los que tienen
que impartir justicia, se dedican a aplicar sus principios ideológicos y no la
ley, a la que reinterpretan en función de aquellos y cuando no les sirve, la
cambian a su antojo.
Lo peor de todo es que no veo que
la sociedad sea consciente de lo que está en juego. Da la impresión que esta
batalla es algo “de los políticos” que no afecta a los ciudadanos y me temo que
ese es otro punto a favor de los asaltantes: el convertir en algo fútil, casi
invisible, algo tan importante como luchar por la justicia. Reduciendo esta
batalla a una aparente lucha de poder y de influencia dentro del CGPJ, se da la
sensación de que el asunto es sólo cosas de partidos, del PP, de algo que, a
los ciudadanos normales, les aburre. Y no se dan cuenta de la que se nos viene
encima.
Sin justicia, sin ley, no somos nada.
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