Para un ciudadano de a pie, normal y corriente, de esos que se dedican a trabajar y pagar impuestos, el hecho de empadronarse en su domicilio puede reportar algunas ventajas, dependiendo del municipio. Podría obtener un descuento en el gimnasio del polideportivo municipal, en el transporte público, en la piscina municipal, en el abono de ciertos impuestos, etc. De ahí que lo normal sea empadronarse en el domicilio habitual, además de para acudir a un colegio electoral cercano a la hora de votar en las urnas.
Normalmente, para inscribirse en
el padrón municipal, los requisitos son muy sencillos:
- Hoja padronal cumplimentada y firmada.
- Documento en vigor que acredite identidad de las personas inscritas: dni, tarjeta de residencia, pasaporte, etc.
- Libro de familia o partida de nacimiento para los menores de 18 años.
Para los españoles y los que ya
son residentes, no hay mayor problema. Los problemas empiezan a surgir cuando
eres extranjero y quieres permanecer en España. Ahí el papeleo se complica.
Uno de los factores clave en ese
proceso es la obtención de un contrato de alquiler. Con ese documento, puedes
justificar que dispones de un domicilio fijo, estable. Y es ahí donde comienzan
a darse una serie de situaciones algo confusas, que bordean la legalidad.
Por ejemplo. A sabiendas de la
necesidad de algunos extranjeros inmersos en una búsqueda desesperada por
convertirse en ciudadanos de la UE a través de su residencia en España, algunos
desaprensivos se convierten en testaferros, permitiendo que un número
indefinido de personas firmen contratos de arrendamiento con domicilio en la
misma vivienda, a cambio, claro, de algún tipo de beneficio.
Lamentablemente las autoridades
no cotejan cuántas personas dicen que viven en la misma vivienda, una consulta
tan sencilla como solicitar al Padrón Municipal la lista de todos los que dicen
tener el mismo domicilio. Se limitan a verificar que, a la hora de inscribirse,
cumplen con los requisitos establecidos. Sin más. Por eso, este es uno de los
métodos utilizados para crear pisos-patera: viviendas en las que se aloja
temporalmente a extranjeros que sortean la ley aprovechando los resquicios que ésta
tiene y con ello, permitiendo el tráfico de personas.
Pero el problema ahora parece que
se está trasladando al ámbito político. El PSOE, en su desmedida ambición por
perpetuarse en el poder, se están empezando a plantear si no podrían aprovechar
esos resquicios legales y así obtener más votos en las siguientes elecciones. ¿De
qué forma? Pues empadronando “ilegalmente” a todos aquellos extranjeros que lo
requieran.
Aragón
aprueba por ley una paga de 522 euros al mes para los inmigrantes que se
empadronen en la región. (ver
noticia aquí)
La noticia indigna por múltiples
razones. La primera porque se compran voluntades con el dinero de todos los españoles,
pero para supuesto beneficio exclusivo de un partido. Se ofrece una
remuneración a quien no está en disposición de rechazar nada. Se premia con
dinero público a quien no ha aportado nada a la economía española y sin
embargo, se abandona a muchos ciudadanos (jubilados, autónomos, etc) que forman
parte de las colas del hambre, o que han tenido que modificar su dieta alimentaria
porque sus ingresos no son capaces de superar el coste de los alimentos, de la
energía o de la vivienda.
¿De verdad vamos a iniciar otra
guerra política con este asunto? ¿No tenemos ya bastantes frentes abiertos como
para inventarnos uno más? ¿Queremos reproducir la imagen de 1931?
