En un muy interesante artículo de Pere Vidal (ver www.cateconomica.com), profesor colaborador de la Universitat Oberta de Catalunya y abogado asociado en PwC, aborda la reciente aprobación en el Congreso de los Diputados, de una proposición de ley para modificar el artículo 42.1 del estatuto de los trabajadores.
Con la mencionada proposición, se pretende equiparar las condiciones laborales existentes entre los empleados propios de la empresa que subcontrata y aquellos subcontratados.
La sempiterna cuestión de "trabajadores propios" y
"subcontratados", y sus correspondientes diferencias contractuales,
no es algo nuevo para nadie que lleve unos 40 años - y menos también - en el
apasionante mundo de las Tecnologías de la Información, por ejemplo.
De una manera mucho más prosaica y cercana a la terminología
mundana, siempre se ha distinguido entre "blancos" - los trabajadores
propios de las empresas que subcontratan - y "negros" - obviamente,
los subcontratados. Las diferencias eran y son, notables: los "blancos"
tenían contrato fijo. Pero fijo de verdad. Los "negros", temporal. Y
lo mismo cabría decir de los salarios, los beneficios sociales y hasta de los
horarios.
Por supuesto, ni entonces ni - en mi modesta opinión, ahora
- a ningún "negro" se le habría pasado por la imaginación demandar a
su empresa o a la empresa cliente, porque ello - entonces y mucho más ahora -
supondría la inscripción gratuita, inmediata y con carácter indefinido, para formar parte de la
LISTA NEGRA de las empresas afectadas. Porque haberlas, haylas.
Y de lo que estoy hablando nada tiene que ver la Reforma del
2012. La precariedad de los subcontratados, viene siendo moneda común desde la
crisis del 92 en España.
Así es que, es de agradecer al Congreso que intente en la
medida de lo posible, poner puertas al campo y seguramente, de respetarse esta
iniciativa y llevarse a efecto, puedan - efectivamente, como bien apunta Pere-
aumentar los costes, con lo que mucho me temo que también aumentaría el paro.
El mercado de la subcontratación en IT, se ha convertido con
el transcurso de los años, en un auténtico monopolio en manos de unos pocos
clientes y unas pocas grandes consultoras. Para entender esta evolución baste
con repasar la historia de España en el sector Banca y Seguros, por ejemplo,
para percatarse de las sucesivas fusiones y adquisiciones que han devenido en
una macro concentración de recursos en unas pocas entidades, que a su vez,
disponen de acuerdos de servicios con grandes consultoras, que son las que
finalmente, acaban por subcontratar.
Este viciado modelo de negocio, no tendría mayor
trascendencia en las condiciones laborales de los subcontratados, si no fuera
por la cultura imperante en España de no contratar autónomos, también llamados
freelances. Algo que, por ejemplo, en el Reino Unido o en USA, es tan común
como el comer. De ahí mi calificación de monopolio, ya que con este modelo, se desvirtúa
la relación cliente-profesional, quedando los profesionales - en la mayoría de
los casos - sometidos a las condiciones de trabajador por cuenta ajena, bajo
unas premisas marcadas por las tarifas acordadas entre cliente y consultora, lo
que determina en gran medida el salario del sujeto. O dicho en pocas palabras:
el salario de los subcontratados, en realidad, lo determina el cliente y no la
empresa que le paga la nómina, pues ésta, debe ceñirse a las tarifas pactadas
para ganar el concurso de ofertas.
Resumiendo: se gradece la intención del Congreso, pero mucho
me temo que esto va a ser otro brindis al Sol.
