domingo, marzo 12, 2017

Violencia de género VS acoso escolar



Día sí y día también, raro es el telediario que no comienza con la noticia en portada de algún asesinato -o intento de -, por violencia de género. La sociedad, en su inmensa mayoría, está profundamente concienciada para extraer a semejantes asesinos de la calle. Lo cual, me parece bien, pero opino que para eso ya tenemos un Código Penal y que no necesitábamos ninguna ley, que por otra parte, es inconstitucional y tendenciosa. No sé por qué no se incluye en esa ley a las parejas de gays, lesbianas y transexuales, por ejemplo, a los que tanto bombo se les da en las cabalgatas al uso. Nunca aparecen en las noticias que se hayan agredido. Manifestaciones más o menos espontáneas, declaraciones oficiales y mucho postureo, mucho lazo y mucha foto. 


Aparte de esto, por desgracia, los datos son demoledores y vienen a demostrar que el objetivo de la famosa ley se ha quedado en papel mojado. Si lo que supuestamente se pretendía era evitar que un asesino potencial, asesinase, no parece que haya tenido demasiado éxito, habida cuenta de las víctimas que llevamos acumuladas desde el año 2004, en que se implantó la norma. Sin embargo muchos exigen más inversión económica. Como siempre que algo no funciona, algunos lo simplifican metiendo más dinero. Pero no es de esta ley de la que quería hablar.


En el lado opuesto, y es aquí donde quería incidir, nos encontramos con el acoso escolar y sus siempre nefastas consecuencias, unas veces más evidentes y más notorias que otras.

La tibieza con la que se está abordando este problema social, me parece no solamente preocupante, sino criminal.


Según las estadísticas oficiales, el acoso escolar afecta al 4% de la población menor de 18 años. Desde la implantación del teléfono de ayuda al menor acosado, a finales del año 2016, en tan sólo 2 meses, se han recibido unas 2.000 llamadas, lo que significa un promedio de unas 33 llamadas creíbles al día (http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/telefono-contra-acoso-escolar-detecta-dos-meses-1955-casos-posibles-5739375).


Y sin embargo, a pesar de estos preocupantes datos, mientras a un sospechoso de violencia de género empiezan por esposarle, meterle en el trullo y aplicarle todas las medidas que contempla la ley, a los autores del acoso escolar, de entrada, no deben responder ante el Juzgado de Menores porque “hay que preservar la presunción de inocencia”. Presunción que en el caso de un supuesto agresor por violencia de género, brilla por su ausencia.


Mientras en un caso, son los juzgados especialmente dedicados a la violencia machista los que se encargan del proceso, en el caso del acoso escolar, se deja en manos de los propios centros escolares la tramitación de las denuncias. De entrada, en la mayoría de los casos, los centros “no saben nada” y al contrario de lo que ocurre con un violento, que recibe inmediatamente una orden de alejamiento de su víctima, en estos casos, es justamente al contrario y es la víctima la que tiene que  tiene que poner pies en polvorosa para salvar el pellejo. Mientras tanto, el centro educativo y las autoridades de de la correspondiente CA, claman por un estado de paz, tranquilidad y sosiego y no hacer un juicio paralelo, hasta que las circunstancias hayan sido totalmente aclaradas, en un proceso tan rigurosamente interno y opaco, como los que habitualmente utiliza la Iglesia católica para proteger a sus pederastas.


Todas las asociaciones involucradas en la lucha contra la violencia de género y la mayor parte de los partidos políticos, reclaman un Pacto de Estado, como si eso fuera el bálsamo de fierabrás, que todo lo cura y fuera a revivir a las asesinadas y a eliminar el dolor de las las que sufren en silencio.


Y a las víctimas del acoso escolar, y a sus padres, que les sigan dando morcilla de burgos. Y cuando alguno se suicida, mucho golpe de pecho farisaico y mucha declaración oficial y políticamente correcta. Pero a los culpables, se les castiga sin Nintendo y los padres de la víctima que se fastidien.


¿A qué se debe tanto interés en un asunto y tan poco en otro? Pues a la pasta. Al dinero. Al Money.


La ley de Violencia de Género, tiene una asignación en los PGE de más de 25 millones de euros.
De ese pastel, tan suculento y apetitoso, comen las juezas, las fiscales, las secretarias de juzgados, las abogadas y toda esa pléyade de funcionarios y puestos especialmente creados para ejercer su labor a la sombra de dicha ley, sin olvidar a todo tipo de organizaciones y asociaciones que en paralelo, viven de las subvenciones que se otorgan.


¿Y para el acoso escolar? Pues un teléfono y 482.635 euros anuales.


¿Y si empezáramos a plantearnos en serio el problema y sacar de los centros educativos la gestión legal de esos problemas y que empiecen ellos mismos a afrontar sus propias negligencias?

¿Y si comenzáramos a valorar que el suicidio de un adolescente fruto de acoso, es un fracaso de la sociedad entera, incluido el centro escolar?

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