En estos días algo convulsos por los
separatistas catalanes, prefiero poner más atención a lo que dicen otros supuestos
responsables, principalmente políticos, de otras fuerzas. He decidido hace
mucho, que no me interesan para nada la sarta de sandeces con la que nos
machacan el cerebro los descerebrados de la CUP, de Juntos por el Sí se puede y
toda esa panda de mono neuronales.
Pero el problema que yo veo, es que alguno de
los otros, no le anda a la zaga. Me refiero ahora en concreto a Pedro Sánchez y
al Revilla. Se llenan la boca de enfatizar que “hay que encontrar una solución política,
en paralelo a las acciones legales”. Y yo, en mi supina ignorancia, me
pregunto: ¿Es que van separados ambos conceptos? ¿Es que la política y la
legalidad, deben ir disociados por definición?
La respuesta es, no; rotundamente no.
Si separamos lo político de lo legal,
entonces, ya no tenemos nada. Se nos queda un molde hueco,
sin chicha ni limoná, vacío de contenido. ¿Qué es lo político sin una cobertura
legal que lo ampare? ¿En qué consiste? ¿Cómo se come? ¿Quiere decir que al
margen de lo que diga la ley, - la Constitución en este caso- , los políticos
tienen que llegar a acuerdos que ignoren esas leyes y la propia Constitución? ¿Qué
en el fondo tampoco es tan importante el marco jurídico y legal? ¿Son
conscientes aquellos que defienden esta postura, de las implicaciones de lo que
están diciendo o simplemente es que estamos en campaña y todo vale? ¿Es eso lo
que debemos esperar de quienes se supone que nos representan?
Pedro Sánchez, lleva 3 años repitiendo como
un mantra, que hay que reformar la Constitución. Vale. El por qué y el para
qué, son preguntas que no ha respondido. ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Por qué hay
que convertir a España en una Federación? ¿Me puede decir el señor Sánchez, por
qué es tan importante que seamos una Federación? ¿Qué ventajas aporta? ¿Quién
sale beneficiado? Y la más importante de
todas: ¿Cuánto nos va a costar a los españoles? ¿Podría detallarme el señor
Sánchez 3 ventajas que aportaría el federalismo en vez de las Autonomías que
tenemos ahora? ¿O es que lo que se pretende es hacer un Estado a la carta para
que los independentistas catalanes se sientan bien? ¿Pero no hemos quedado en que
esos se quieren ir de España? Entonces, ¿para qué “carallo” voy a cambiar la
forma de Estado de todos los españoles, si a ellos no les va a afectar? Y lo
mismo cabe decir de los separatistas vascos. ¿Podría alguien asegurar cuánto
tiempo duraría la “nueva Constitución”? Porque a este paso, vamos a tener más
Constituciones que Planes de Educación y ya vamos por el quinto, creo, en 40
años de democracia.
El actual sistema autonómico, concede el
máximo rango de poder a todos los territorios en toda clase de materias, a
excepción de la moneda, el ejército y la Seguridad Social. O sea, las pensiones
de todos los españoles, vivan donde vivan. O sea, solidaridad, algo fundamental
y básico, ya que hay CCAA que no son capaces de generar los ingresos necesarios
para poder cubrir sus cuotas de poder asignado y deben ser ayudadas por las
otras CCAA y por el Estado. Léase Sanidad, por ejemplo.
El resto de competencias, corre de cuenta de
cada CA. Y por si todo eso fuera poco, Navarra y las provincias Vascongadas –
esto lo pongo por xoder a algunos, como el del chiste – tienen además un
Concierto económico propio con el Estado, lo que les permite negociar cada
cierto tiempo, su nivel de contribución a las arcas de España, - a la economía
del resto de españoles- y lo que van a
recibir a cambio. ¿Y todavía hay gente que quiere más?
Al margen de las modas que se vayan
estableciendo a cada paso, hay cosas que sería bueno no tocar demasiado.
¿Cambiar la Constitución? Siempre que haya un acuerdo de una mayoría
aplastante, sí. Ahora sólo hace falta definir para qué. De hecho, ya cambiamos
la Constitución, con los agravantes de celeridad, estío e improvisación, cuando
en agosto de 2011, la UE, - como condición ineludible para la NO INTERVENCION
INMEDIATA de España -, obligó a Zapatero a introducir el techo de gasto de las
CCAA. O sea, que cambiar, se puede cambiar tan deprisa como queramos, pero eso
sí, hace falta consenso y saber qué se va a cambiar y por qué.
Nuestra Constitución, esa misma que algunos
quieren jubilar por anticuada, del mismo modo que se jubilan a los trabajadores mayores
de 45 años, está demostrando en estos días su madurez y su capacidad de
adaptación a los tiempos difíciles que vivimos. Sin llegar a eso de que “está
todo atado y bien atado”, nuestra Constitución ofrece suficientes garantías y
fortalezas como para – de momento – no tener
que preocuparnos de su jubilación. Aquellos que participaron en su redacción,
entre los que se encontraban representados, el Partido Comunista, el PSOE y los
catalanes (Miquel Roca), entre otros, sabían lo que se hacían.
Hubo un tiempo en que no valoramos al Rey que
teníamos hasta que llegó el 23-F. Ese día, no sólo se ganó el puesto sino el
respeto de todos. Dejemos, pues, que fluyan los acontecimientos y veamos cómo
es de capaz nuestra Constitución de responder a estos retos. Sólo así tendremos
una buena oportunidad de valorar lo que tenemos. Y así, sabremos con más
precisión qué es más urgente y prioritario cambiar, adaptar, modificar, incluir
o eliminar de ella.
Siempre habrá tiempo para bombardear
Barcelona y destruir el Nou Camp y la Sagrada Familia.
Y para todos aquellos que sugieren acuerdos
políticos al margen de los juzgados, de las leyes y de la Constitución, les
diría que se tomaran algo. MICEBRINA o algo así.
