El golpe de estado que estamos viviendo.

A lo largo de la historia nos hemos ido acostumbrando a que la toma del poder por parte de unos, debía producirse, casi inexorablemente, de forma violenta, sangrienta, a veces, atroz, y en no pocas ocasiones, mediante una guerra.

Las razones por las cuales se desencadena los conflictos, son tan variadas como útiles a la causa. Un crimen de estado sirvió como excusa a la primera guerra mundial. Un falso ataque a las fuerzas nazis, para invadir Polonia. La explosión de un buque norteamericano en el puerto de La Habana, sirvió en este caso para declarar la guerra a España. A los norteamericanos les pareció una buena idea repetir la excusa y volvieron a utilizarla en el golfo de TonKin. Et voilá: ya tenemos la guerra de Vietnam. Y así podría ir repasando hechos históricos hasta dormir al personal.

Una vez que el golpe de estado tiene éxito, lógicamente se imponen otras normas, otras leyes, y como decía Woody Allen, «para demostrar que se llevan los calzoncillos de color verde militar, habrá que llevarlos por fuera del pantalón». Después vienen los ajustes de cuentas de cuentas entre vecinos, ganadores, vencidos y demás. O sea, lo de siempre.

En el golpe de estado que dio origen a la guerra civil española, se produjo un hecho que mientras buceaba en busca de la información, me sorprendió. Reproduzco parte del texto contenido en el libro “Tras las huellas de una sombra”:

“El 22 de diciembre de 1938, el día antes de que diera comienzo la ofensiva final de los franquistas en Cataluña, Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco y ministro del Interior, anunció el nombramiento de una comisión especial.

Presidida por Ildefonso Bellón, presidente del Tribunal Supremo de los franquistas, sus veintidós miembros, entre los que se incluían quince ex diputados a Cortes y diez ex ministros, reflejaban la diversidad de la derecha española en la Guerra Civil.

La Falange estaba representada por un «camisa vieja», Rafael Garcerán; el ejército, por un capitán de su cuerpo jurídico, José Luis Palau; y los carlistas, por su portavoz de educación primaria durante la República, Romualdo de Toledo y Robles. No se olvidó a los monárquicos alfonsinos: Antonio Goicoechea, exlíder de Renovación Española, también había sido nombrado miembro de aquella comisión. Algunos provenían de la CEDA: era el caso de Rafael Aizpún Santafé, quien había sido protagonista de uno de los tres nombramientos ministeriales que provocaron la insurrección socialista de octubre de 1934. Otros, como Eduardo Aunós, habían ejercido cargos de responsabilidad en los años veinte bajo la dictadura de Primo de Rivera. No obstante, la figura más distinguida de la Comisión Bellón era, sin duda, la de Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones. Tres veces primer ministro durante el sistema constitucional liberal abolido por Primo de Rivera en 1923, Romanones se había vuelto un apasionado partidario de Franco durante la Guerra Civil. ([1])

La tarea que el cuñadísimo encargó a la Comisión, en su opinión, no era ni difícil ni compleja. Se trataba, simplemente de “demostrar plenamente” la ilegitimidad de los poderes actuantes en la República española el 18 de julio de 1936». Dicho de otro modo, lo que se esperaba de ella era que probara que quien se había sublevado en julio de 1936 había sido el gobierno republicano elegido democráticamente, y no el ejército de Franco.

Serrano Suñer, estaba tan convencido del resultado de los trabajos de la Comisión, que les dio un plazo inferior a 6 semanas para presentar sus conclusiones. Aunque la presentación formal se realizó ligeramente más tarde de lo previsto (15 de febrero de 1939), las conclusiones no defraudaron a su promotor. Como no podía ser de otra manera.

Lo que se afirmaba en aquel informe era que la actuación de los golpistas, no podía ser calificada jamás de rebeldía, ya que el gobierno de la República era sustancial y fundamentalmente, ilegítimo.

Para llegar a esta conclusión, continuaba el informe, se llegó a cuestionar la legitimidad de la República como consecuencia de las elecciones de 1931, en las que los monárquicos vencieron en las urnas, asegurando que el Frente Popular, habría falseado los resultados de las elecciones. Según este informe, de no haberse producido esta manipulación, la derecha habría ganado por unos 400.000 votos de diferencia.

A lo largo de sus cien páginas, el resto de “argumentos” intentaban demostrar que el gobierno republicano era esencialmente criminal y por tanto la intervención del ejército, sólo podía ser contemplada como redentora. Y como redentores, por tanto, tenían una capacidad omnímoda sobre la vida…y la muerte.”

Según se desprende de esta iniciativa, se pretendía dar una pátina de legalidad a un golpe, que, en realidad, fue motivado por un cúmulo de decisiones extremistas, acciones criminales y en general, el intento de establecer en España un régimen comunista como se hizo en Rusia unos 20 años atrás. Pero lo más importante fue la intención de “legalizar” el golpe, aunque hubiera razones más que suficientes para haberlo dado. Es decir, la clave de todo lo demás, era la Justicia. En esa Justicia se basarían las acciones que vendrían más tarde.

Eduardo González Calleja, afirma en su obra “EN LAS TINIEBLAS DE BRÜMARIO”:

“Algunos estudiosos han advertido que la verdadera esencia política del golpe de Estado no está en su naturaleza intrínsecamente violenta.

Brichet admitió que, en la mayor parte de los casos, los golpes acostumbran a ser actos de fuerza, pero que en otras circunstancias no han precisado del empleo de la coacción física, sino de dosis adecuadas de decisión política, tal como la entendía Cari Schmitt: como generación de nuevas normas jurídicas impuestas por la determinación soberana del gobernante, por encima del Derecho natural y positivo. En ese sentido, lo que caracterizaría al golpe de Estado no es su naturaleza violenta, sino su carácter ilegal, de transgresión del ordenamiento jurídico-político tanto en los medios utilizados como en los fines perseguidos, sean éstos el establecimiento de un régimen dictatorial o un cambio en el equilibrio constitucional de los poderes del Estado.

Kelsen opinaba que un golpe de Estado era una acción radicalmente ilegal, ya que al romper la Constitución invalidaba todas las leyes existentes”

Más adelante, afirma:

“Un golpe de Estado no implica siempre la conquista del poder establecido, sino que puede, simplemente, apuntar a una redistribución o reforzamiento de papeles en el seno de un gobierno dividido (caso de los conflictos entre la Jefatura del Estado, del Gabinete o del Ejército en muchos regímenes pretorianos del tercer mundo) o a reordenar las relaciones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, como fue el caso de la «celada parlamentaria» de Bonaparte el 18 Brumario del año VIII (9-10 de noviembre de 1799).”

Después de leer estas líneas tan interesantes, me ha parecido identificar ciertas actitudes y decisiones que encajan con esa idea de golpe de estado moderno, donde la violencia física no es necesaria…de momento. Cada vez estoy más convencido de que, ahora mismo y desde hace años, los españoles estamos siendo objeto de un golpe de estado llevado a cabo metódica, silenciosamente y desde dentro del sistema democrático.

EL GOLPE DE ESTADO DE PEDRO SÁNCHEZ.

El golpe de estado de Pedro Sánchez, comenzó a gestarse en el mismo instante en el que firmó el acuerdo de gobierno con Pablo Iglesias. Éste, es el auténtico diseñador del golpe de estado desde dentro, porque, tanto él como el resto de secuaces, ya tenían experiencia de cómo hacerlo en un país democrático como Venezuela.

La asunción a la presidencia del gobierno mediante la figura de la moción de censura contra Rajoy, demostró que nuestra Constitución puede que adolezca de algunas debilidades. Que un individuo que no es diputado, es decir, no tiene escaño porque no se ha presentado a unas elecciones, sea capaz de auparse al puesto de presidente del Gobierno de España, deberíamos hacérnoslo mirar.

Desde el primer momento, Pedro Sánchez tenía clara su hoja de ruta: destruir el espíritu del 78; destruir la Constitución por la puerta de atrás; eliminar la monarquía a toda costa. Destruir la España que consagra la Constitución y ceder a todas y cada una de las exigencias de los independentistas vascos y catalanes.

Para realizar esta inmensa tarea de traición debe reunirse de una serie de juristas con fines aviesos. Colonizar los puestos clave de la cúpula judicial, con el fin de obtener el visto bueno a cualquier decisión que salga del Congreso, o bien de la Moncloa, o de Waterloo.

Pedro Sánchez sólo reconoce un poder bajo el cual se someten todos los demás, incluyendo el poder judicial y ese poder es el Congreso. Eso, hablando en plata es una dictadura, sobre todo si además, en las elecciones a las que se llama a los ciudadanos, se van haciendo trampitas, se compran votos con sobornos (Ceuta, Melilla, Almería…).

Para asegurarse que el poder judicial no será un obstáculo, también hay que colonizar los puestos clave colocando a lacayos obedientes que, al igual que los gerifaltes nazis, sólo tienen que obedecer las órdenes de su Führer. Así, del mismo modo que en la posguerra española se realizaron los juicios sumarísimos militares, y no por ello eran legales, ahora “la sedición” no es un delito, y todo se reviste de una apariencia de legalidad. Y lo mismo con la malversación, siempre que los ladrones sean catalanes, o del PSOE, pero no se aplica a los del PP.

Y todo este complejo golpe judicial está sostenido por gentuza como el ex juez Baltasar Garzón, expulsado de la carrera judicial por prevaricación. Su pareja sentimental, Dolores Delgado, o su sucesor García Ortiz, además de Pablo Iglesias y sus acólitos, que maniobran en la sombra.

Las amenazas a jueces, fiscales, periodistas; la filtración de datos sensibles de ciudadanos individuales con el único fin de dañar su imagen; la burda implicación en sendos actos de corrupción, tanto de su mujer como de su hermano, conforman una larga lista de impunidad, que sin embargo no se aplica a otros individuos como, por ejemplo, a Iñaki Urdangarín.

Al menos, de momento, lo único que nos diferencia de la Rusia de Putin, (otro corrupto insaciable) es que no se dedican a tirar por las ventanas a los jueces o a los periodistas díscolos, ni aparecen colgados de la lámpara en sus casas.

Dado que veo complicado vencer en las urnas (posiblemente manipuladas) a todos los tarados que siguen al líder camino del abismo, mi única esperanza es que Israel saque la información que atesora Marruecos. Sólo así podríamos salvarnos de la deriva por la que nos lleva este degenerado que flexiona su cabeza ante los reyes árabes, pero a Felipe le recibe con las manos en los bolsillos.

[1] Julius Ruiz (La justicia de Franco)