Hace unos días recibí una llamada justo en el momento en el que iba a comenzar a comer. Se trataba de una encuesta de carácter político. Concretamente sobre el aumento en el gasto militar que se nos exige desde la OTAN. Me pareció un asunto de tanta importancia que no me importó postergar unos minutos el almuerzo.
Lo que me sorprendió fue la primera pregunta. Reconozco que no era la primera vez que en casa recibimos alguna llamada de este tipo, pero lo normal, es que las preguntas ofrezcan algunas alternativas ya cerradas: A, B, C, mucho, poco, nada, etc. Sin embargo, en esta ocasión la pregunta fue totalmente abierta: «En su opinión, cuál es el problema más grave que tiene España»
Y de la respuesta que di, viene
esta reflexión.
Llevamos una buena temporada a
base de escándalo semanal en la prensa y su correspondiente trifulca en el
Congreso. Todo lo cual, hasta cierto punto, me parece lógico y normal. Los que
están en el Congreso, están porque les hemos votado nosotros, así es que ni
entiendo ni comparto que algunos se rasguen las vestiduras y acusen a los
diputados de “no ponerse de acuerdo”. Pero, oiga usted: ¿acaso se ha puesto
usted de acuerdo con su vecino o su cuñado a la hora de ir a votar? ¿Acaso no
ha votado cada uno a quien ha elegido? Entonces, ¿de qué se extraña que haya
voces discordantes en el Congreso si es ahí donde se representa a todos los
españoles?
Cada día nuestra capacidad de
asombro se pone a prueba: Un día nos despertamos con las maniobras de todo un fiscal
general empeñado a llevarse por delante a Aysuo de la forma que sea; otro día
sabemos de los motes con el que el presidente se refiere a miembros del Consejo
de ministros, la mayoría de ellos, de desprecio. Otro día descubrimos que hemos
estado pagando con nuestros impuestos los viajes en avión oficial de una fulana
que acompañaba a un ministro. Y después hasta le pagamos sueldos en empresas
públicas, a esas fulanas. Y para más inri, ni siquiera iban a trabajar.
Un número desconocido de
supuestos asesores con salario inusualmente indecente para lo que se supone que
hacen. Nepotismo a cara descubierta, favoreciendo a docenas (tal vez cientos o
miles) de personas por ser colegas del partido, del sindicato, de ambos o
simplemente familiares directos o indirectos, con lo que la red se extiende
hasta el infinito.
Y todo eso en un país con un
índice de paro que es el doble de la media en Europa. Un país en el que las
familias tienen dificultad para llegar a fin de mes; les resulta complicado
poder alimentarse adecuadamente, porque el precio de la carne y del pescado les
obliga a comer menos del que sería aconsejable.
La lista de escándalos es tan
amplia, tan diversa, que paraliza la imaginación de cualquiera.
Sin embargo, y con todo y con
eso, lo que más me preocupa no son los miles de sueldos escandalosos que
pagamos a estómagos agradecidos de los partidos. Lo que más me preocupa es que
la propia estructura del Estado está siendo atacada desde dentro con un auténtico
Caballo de Troya.
Hubo un momento de nuestra
historia en la que todos, absolutamente todos, sin excepción, remamos en la
misma dirección. Fue el período constituyente que culminó el 6 de diciembre de
1978 cuando los españoles aprobamos por abrumadora mayoría la nueva Constitución.
Una Constitución que aparcaba el pasado y que miraba al futuro.
Pero con el transcurrir de los
años cada vez es más acusada la sensación de que algo se les pasó a los
redactores de la Carta Magna. Tal vez fueron las prisas o tal vez fue,
simplemente, que a nadie se le pasó por la imaginación que se intentara
destruir el andamio desde el mismo poder.
Porque hay instituciones que son
y DEBEN SER ajenas a los partidos políticos. Y cuando un gobierno se jacta de
que la Fiscalía depende del gobierno, y se la apropia, la democracia está en
serio riesgo de desaparecer.
Y esta idea del Caballo de Troya
me trae recuerdos históricos que no me gustaría nada se repitieran en España.
Por ejemplo, Hitler.
El partido que fundó se presentó
a las elecciones generales y en un principio lo único que consiguió fue hacer
el ridículo. Lo siguió intentando y finalmente – no quiero extenderme mucho -,
el 30 de enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania por el
presidente Hindenburg. A partir de ese momento, destruyó lo que de democracia
había en esa Alemania y la convirtió en un estado fascista. El resto ya lo
conocemos.
Un poco más tarde, tras la
Segunda Guerra Mundial, los países detrás del telón de acero, fueron
sucumbiendo a las maniobras de los diferentes Partidos Comunistas de cada país,
quienes manipulando las elecciones, las urnas, las leyes y todo lo que se les
ponía por delante, terminaron acaparando el poder en todos y cada uno de esos
países, siguiendo las instrucciones de Moscú.
Una trayectoria parecida es la
que siguieron algunos dictadores hispanoamericanos como Hugo Chávez en
Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, o más recientemente, Putin. Entraron en
política con leyes democráticas y en cuanto pudieron, cambiaron las leyes y la
Constitución para perpetuarse en el poder y convertir sus países en dictaduras
comunistas.
En España se pretende instaurar y
extender una censura periodística, estableciendo una censura desde la propia
Cámara.
«El Gobierno y sus socios han registrado una propuesta de
modificación del Reglamento del Congreso que permitirá impedir el trabajo a los periodistas en
la Cámara.
El texto, apoyado por Sumar,
Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, al que ha tenido
acceso OKDIARIO, establece que la Mesa de la Cámara – en la que PSOE y Sumar
tienen mayoría- adoptará las medidas adecuadas en cada caso, para facilitar a
los medios de comunicación social la información sobre las actividades de los
distintos órganos del Congreso de los Diputados.
En este contexto, «regulará el
procedimiento para la concesión y renovación de credenciales a los
representantes gráficos y literarios de los distintos medios, con objeto de que
puedan acceder a los locales del recinto parlamentario que se les destine y a
las sesiones a que puedan asistir».
Los ataques a los jueces son
cotidianos y hasta las promueve el propio ministro de Justicia. Con ello se
está dinamitando el respeto a la estructura básica de cualquier democracia y la
separación de poderes.
Si el Tribunal Constitucional y
el CGPJ están al servicio del gobierno de turno, ya no existe democracia.
Si se censuran a los medios de
comunicación porque denuncian las corrupciones, ya no hay libertad de
expresión.
La democracia se basa en un
conjunto de contrapesos, de mutuos controles entre instituciones, que deberían
impedir la deriva dictatorial de cualquier aspirante a detentar el poder de
modo transitorio y que pretenda perpetuarse en él.
Pero cuando se retuercen los
conceptos básicos se está atentando contra los cimientos de la propia
democracia.
La malversación de dinero público
debería ser un delito, aquí y en Tombuctú. Y no es aceptable el falso argumento
de que, si quien ha robado, lo ha hecho en beneficio propio y exclusivo o bien,
ha sido para favorecer a sus amigos. Es decir, no debería servir la excusa de
que no se ha metido el dinero en su bolsillo.
Robar es robar, y si aquellos que
defraudan a Hacienda tienen que responder de sus actos, los que desvían fondos
públicos para otros fines que los previstos, deberían hacer lo mismo.
Y, sin embargo, en este extraño
país en el que parece que no pasa nada porque la vida sigue como si tal cosa,
cada día nos enteramos de cosas que, en cualquier otro país, habrían hecho caer
al gobierno tras numerosas, tumultuosas y violentas manifestaciones callejeras.
Recordemos, lo sucedido en
nuestro país vecino, en Francia, con los “chalecos amarillos”. Esta
movilización tiene su origen en la difusión en las redes
sociales de llamadas de los ciudadanos a protestar contra el alza
en el precio de los combustibles, la injusticia fiscal y la pérdida del poder
adquisitivo.
El movimiento también se
extendió, en menor medida, a otros países vecinos principalmente Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia,
y España.
Y aquí, en España, tenemos que
soportar el acoso a los jueces y fiscales que no se arredran ante las amenazas
del gobierno. Nos enteramos que pagamos sueldos a prostitutas y que ni siquiera
van a trabajar a la empresa pública. Que pagamos los destrozos en algún Parador
consecuencia de una fiesta salvaje con esas mismas prostitutas (u otras). Que
la familia del presidente, padres, esposa, hermano y cuñado (de momento), se
han beneficiado de dinero público en función de su situación y acceso al poder.
¿Alguien se imagina qué habría
pasado en Francia, en Alemania o en Finlandia, con sólo la cuarta parte de lo
que está pasando aquí?
Por cierto, y ya para terminar, mi respuesta a esa pregunta que me hicieron en la encuesta que mencionaba al principio, fue: «EL GOBIERNO».
