El PSOE, sus expropiaciones y la propiedad privada.

La Junta de Andalucía acaba de aprobar un decreto por el que, entre otras cosas, se autoriza a expropiar a los bancos, el uso de viviendas particulares y ponerlas a disposición de quien haya sido desahuciado. Esta medida, ha sido promovida a iniciativa de los socios de gobierno del PSOE en la Junta, los comunistas de Izquierda Unida. Sólo así, se puede entender tamaño desatino.

En primer lugar, el argumento base en el que se fundamenta esta agresión a la propiedad privada, es el de definir que toda propiedad privada, en España, tiene un carácter social, que es lo mismo que decir que el Estado o el Gobierno de turno, te permite disfrutar de tu propiedad hasta que decida lo contrario por las razones que estime conveniente. Una aberración, aun cuando, como en este caso, se trate de expropiar a los bancos, que a su vez, tienen esas viviendas por haberles sido expropiadas por impago, a sus dueños anteriores.

De esta forma, no solamente no se resuelve el problema de los desahuciados, sino que además se genera otro más a los propietarios de esas viviendas. 

En efecto. La razón fundamental por la que una persona pierde su vivienda, está directamente relacionada con la posibilidad de mantener el empleo. Cuando en España disfrutábamos de una situación económica normal, no había problemas de impago de hipotecas, ni de desahucios ni de gente que se quedaba en la calle. Por tanto, esta forma de abordar lo que, sin duda, es un gravísimo problema, no es nada más que un parche, muy mediático, muy demagogo, muy de la izquierda y que ya veremos qué clase de problemas acarrea en un futuro. Así empezaron los israelitas en Palestina. 

Lo que hay que hacer es enseñar a pescar, no dar pescado como comida. Lo que hay que hacer es crear empleo, no estómagos agradecidos. Pero claro, no se le puede pedir al PSOE que haga ahora lo que nunca ha hecho, sencillamente porque no sabe cómo hacerlo: crear riqueza, crear empleo.

Por otro lado, con la intervención del gobierno andaluz en un sector de la economía privada como es el inmobiliario, está entorpeciendo el normal desarrollo de los acontecimientos, toda vez que al serle expropiadas las viviendas a los bancos, éstos se ven imposibilitados de dar salida a su stock, aliviando sus balances, proporcionando vivienda a quien sí pudiera adquirirla y en definitiva, obstaculizando el cauce normal de dinamización de la economía. Por si fuera poco, no parece improbable que en breve, seamos testigos de cómo puede empezar a surgir una nueva clase de desahuciados más privilegiados que otros; aquellos a los que la Junta considere que tienen más derecho de acceder a una vivienda expropiada a un banco y aquellos a los que se les niega ese derecho. En el colmo de lo kafkiano, podría darse la circunstancia de que la vivienda expropiada a una entidad bancaria, fuera ocupada por sus anteriores propietarios, pagando un alquiler social, o lo que vendría a ser lo mismo, pagarían menos por disfrutar de la misma casa de la que les desalojaron previamente.

Estamos en un momento social y económico, en el que parece que hay algunos indicios de que en ciertos sectores, comienza a haber algo de movimiento. Así son las leyes de la oferta y la demanda. Cuando en un país existe una gran oferta de viviendas a un precio razonable, aquellos que no saben lo que es la crisis o que ya han salido de ella, desean disfrutar de esa posibilidad y más si estamos hablando de tener una segunda vivienda en la Costa del Sol.

Hoy en día, en la Costa del Sol, todo el mundo es consciente de la inmensa oportunidad de negocio que representa el mercado ruso, por ejemplo, para las aspiraciones de los propietarios de viviendas, incluidos los bancos, las promotoras y demás y con esta medida, aparte de meterse donde nadie le llama, la Junta está enviando un mensaje de incertidumbre al exterior, al entender que una propiedad que permanezca deshabitada más de un tiempo, podría ser expropiada forzosamente por necesidades de estado. ¡Por favor!, esto lo vimos en la película Doctor Zhivago cuando en la mansión de su familia, son introducidas docenas de otras más. Claro que no resulta demasiado extraño, si tenemos en cuenta que aquellos, son los mismos que han hecho la propuesta ahora.

Conviene mencionar llegados a este punto, que en agosto de 2012, un diputado del gobierno andaluz por Izquierda Unida, Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, miembro del CUT y del Sindicato Andaluz de Trabajadores, protagonizó no uno, sino dos asaltos a diversos supermercados, en compañía de docenas de personas que en su mayoría pertenecían al SAT. Dichos asaltos a establecimientos privados, que en un país normal serían calificados de pillaje, fueron justificados por los agresores diciendo lo siguiente: "En este momento de crisis, cuando están expropiando al pueblo, queremos expropiar a los expropiadores, esto es, terratenientes, bancos y grandes superficies, que están ganando dinero en plena crisis económica”. 

Se produjeron varias detenciones y fueron llevados ante la justicia. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dejó en libertad sin cargos a los imputados, aduciendo que sus razones eran entendibles y lógicas.

¿De verdad es esta la imagen que se quiere transmitir al mundo de lo que representa Andalucía en el s XXI?. Tanto hablar del daño que el caso Urdangarín está haciendo a la marca España y ¿nadie se ha parado a pensar en  las consecuencias que pueden tener este tipo de acciones, omisiones y decretos?

 

La propia Junta de Andalucía, dispone de unas 5.000 viviendas que podrían cubrir las necesidades que supuestamente se pretende atender. De momento, según las informaciones que aparecen en la prensa hoy mismo, por el mencionado decreto podrían beneficiarse 200 familias. Pues hasta 5.000 hay margen.

Ahora asaltamos supermercados impunemente, expropiamos viviendas por decreto y ocupamos fincas y hoteles de lujo por la fuerza.  Pero la pregunta, a tenor de lo que hemos visto hasta ahora es: ¿Y lo siguiente, qué será?