A lo largo de la historia nos hemos ido acostumbrando a que la toma del poder por parte de unos, debía producirse, casi inexorablemente, de forma violenta, sangrienta, a veces, atroz, y en no pocas ocasiones, mediante una guerra.
Las
razones por las cuales se desencadena los conflictos, son tan variadas como
útiles a la causa. Un crimen de estado sirvió como excusa a la primera guerra
mundial. Un falso ataque a las fuerzas nazis, para invadir Polonia. La
explosión de un buque norteamericano en el puerto de La Habana, sirvió en este
caso para declarar la guerra a España. A los norteamericanos les pareció una
buena idea repetir la excusa y volvieron a utilizarla en el golfo de TonKin. Et
voilá: ya tenemos la guerra de Vietnam. Y así podría ir repasando hechos
históricos hasta dormir al personal.
Una
vez que el golpe de estado tiene éxito, lógicamente se imponen otras normas,
otras leyes, y como decía Woody Allen, «para demostrar que se llevan los
calzoncillos de color verde militar, habrá que llevarlos por fuera del
pantalón». Después vienen los ajustes de cuentas de cuentas entre vecinos,
ganadores, vencidos y demás. O sea, lo de siempre.
En
el golpe de estado que dio origen a la guerra civil española, se produjo un
hecho que mientras buceaba en busca de la información, me sorprendió.
Reproduzco parte del texto contenido en el libro “Tras las huellas de una
sombra”:
“El 22 de diciembre de 1938, el día antes de que diera comienzo la ofensiva
final de los franquistas en Cataluña, Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco y
ministro del Interior, anunció el nombramiento de una comisión especial.
Presidida
por Ildefonso Bellón, presidente del Tribunal Supremo de los franquistas, sus
veintidós miembros, entre los que se incluían quince ex diputados a Cortes y
diez ex ministros, reflejaban la diversidad de la derecha española en la Guerra
Civil.
La Falange
estaba representada por un «camisa vieja», Rafael Garcerán; el ejército, por un
capitán de su cuerpo jurídico, José Luis Palau; y los carlistas, por su
portavoz de educación primaria durante la República, Romualdo de Toledo y
Robles. No se olvidó a los monárquicos alfonsinos: Antonio Goicoechea, exlíder
de Renovación Española, también había sido nombrado miembro de aquella
comisión. Algunos provenían de la CEDA: era el caso de Rafael Aizpún Santafé,
quien había sido protagonista de uno de los tres nombramientos ministeriales
que provocaron la insurrección socialista de octubre de 1934. Otros, como
Eduardo Aunós, habían ejercido cargos de responsabilidad en los años veinte
bajo la dictadura de Primo de Rivera. No obstante, la figura más distinguida de
la Comisión Bellón era, sin duda, la de Álvaro de Figueroa y Torres, conde de
Romanones. Tres veces primer ministro durante el sistema constitucional liberal
abolido por Primo de Rivera en 1923, Romanones se había vuelto un apasionado
partidario de Franco durante la Guerra Civil. ([1])
La tarea que
el cuñadísimo encargó a la Comisión, en su opinión, no era ni difícil ni
compleja. Se trataba, simplemente de “demostrar plenamente” la ilegitimidad de
los poderes actuantes en la República española el 18 de julio de 1936». Dicho
de otro modo, lo que se esperaba de ella era que probara que quien se había
sublevado en julio de 1936 había sido el gobierno republicano elegido
democráticamente, y no el ejército de Franco.
Serrano
Suñer, estaba tan convencido del resultado de los trabajos de la Comisión, que
les dio un plazo inferior a 6 semanas para presentar sus conclusiones. Aunque
la presentación formal se realizó ligeramente más tarde de lo previsto (15 de
febrero de 1939), las conclusiones no defraudaron a su promotor. Como no podía
ser de otra manera.
Lo que se
afirmaba en aquel informe era que la actuación de los golpistas, no podía ser
calificada jamás de rebeldía, ya que el gobierno de la República era sustancial
y fundamentalmente, ilegítimo.
Para llegar
a esta conclusión, continuaba el informe, se llegó a cuestionar la legitimidad
de la República como consecuencia de las elecciones de 1931, en las que los
monárquicos vencieron en las urnas, asegurando que el Frente Popular, habría
falseado los resultados de las elecciones. Según este informe, de no haberse
producido esta manipulación, la derecha habría ganado por unos 400.000 votos de
diferencia.
A lo largo
de sus cien páginas, el resto de “argumentos” intentaban demostrar que el
gobierno republicano era esencialmente criminal y por tanto la intervención del
ejército, sólo podía ser contemplada como redentora. Y como redentores, por
tanto, tenían una capacidad omnímoda sobre la vida…y la muerte.”
Según
se desprende de esta iniciativa, se pretendía dar una pátina de legalidad a un
golpe, que, en realidad, fue motivado por un cúmulo de decisiones extremistas,
acciones criminales y en general, el intento de establecer en España un régimen
comunista como se hizo en Rusia unos 20 años atrás. Pero lo más importante fue
la intención de “legalizar” el golpe, aunque hubiera razones más que
suficientes para haberlo dado. Es decir, la clave de todo lo demás, era la
Justicia. En esa Justicia se basarían las acciones que vendrían más tarde.
Eduardo
González Calleja, afirma en su obra “EN LAS TINIEBLAS DE BRÜMARIO”:
“Algunos
estudiosos han advertido que la verdadera esencia política del golpe de Estado
no está en su naturaleza intrínsecamente violenta.
Brichet
admitió que, en la mayor parte de los casos, los golpes acostumbran a ser actos
de fuerza, pero que en otras circunstancias no han precisado del empleo de
la coacción física, sino de dosis adecuadas de decisión política, tal como
la entendía Cari Schmitt: como generación de nuevas normas jurídicas
impuestas por la determinación soberana del gobernante, por encima del Derecho
natural y positivo. En ese sentido, lo que caracterizaría al golpe de
Estado no es su naturaleza violenta, sino su carácter ilegal, de transgresión
del ordenamiento jurídico-político tanto en los medios utilizados como en los
fines perseguidos, sean éstos el establecimiento de un régimen dictatorial o un
cambio en el equilibrio constitucional de los poderes del Estado.
Kelsen
opinaba que un golpe de Estado era una acción radicalmente ilegal, ya que al
romper la Constitución invalidaba todas las leyes existentes”
Más
adelante, afirma:
“Un
golpe de Estado no implica siempre la conquista del poder establecido, sino que
puede, simplemente, apuntar a una redistribución o reforzamiento de papeles en
el seno de un gobierno dividido (caso de los conflictos entre la Jefatura del
Estado, del Gabinete o del Ejército en muchos regímenes pretorianos del tercer
mundo) o a reordenar las relaciones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo,
como fue el caso de la «celada parlamentaria» de Bonaparte el 18 Brumario del
año VIII (9-10 de noviembre de 1799).”
Después
de leer estas líneas tan interesantes, me ha parecido identificar ciertas
actitudes y decisiones que encajan con esa idea de golpe de estado moderno,
donde la violencia física no es necesaria…de momento. Cada vez estoy más
convencido de que, ahora mismo y desde hace años, los españoles estamos siendo
objeto de un golpe de estado llevado a cabo metódica, silenciosamente y desde
dentro del sistema democrático.
EL
GOLPE DE ESTADO DE PEDRO SÁNCHEZ.
El
golpe de estado de Pedro Sánchez, comenzó a gestarse en el mismo instante en el
que firmó el acuerdo de gobierno con Pablo Iglesias. Éste, es el auténtico
diseñador del golpe de estado desde dentro, porque, tanto él como el resto de
secuaces, ya tenían experiencia de cómo hacerlo en un país democrático como
Venezuela.
La
asunción a la presidencia del gobierno mediante la figura de la moción de
censura contra Rajoy, demostró que nuestra Constitución puede que adolezca de
algunas debilidades. Que un individuo que no es diputado, es decir, no tiene
escaño porque no se ha presentado a unas elecciones, sea capaz de auparse al
puesto de presidente del Gobierno de España, deberíamos hacérnoslo mirar.
Desde
el primer momento, Pedro Sánchez tenía clara su hoja de ruta: destruir el
espíritu del 78; destruir la Constitución por la puerta de atrás; eliminar la
monarquía a toda costa. Destruir la España que consagra la Constitución y ceder
a todas y cada una de las exigencias de los independentistas vascos y
catalanes.
Para
realizar esta inmensa tarea de traición debe reunirse de una serie de juristas
con fines aviesos. Colonizar los puestos clave de la cúpula judicial, con el
fin de obtener el visto bueno a cualquier decisión que salga del Congreso, o bien
de la Moncloa, o de Waterloo.
Pedro
Sánchez sólo reconoce un poder bajo el cual se someten todos los demás,
incluyendo el poder judicial y ese poder es el Congreso. Eso, hablando en plata
es una dictadura, sobre todo si además, en las elecciones a las que se llama a
los ciudadanos, se van haciendo trampitas, se compran votos con sobornos
(Ceuta, Melilla, Almería…).
Para
asegurarse que el poder judicial no será un obstáculo, también hay que
colonizar los puestos clave colocando a lacayos obedientes que, al igual que
los gerifaltes nazis, sólo tienen que obedecer las órdenes de su Führer.
Así, del mismo modo que en la posguerra española se realizaron los juicios
sumarísimos militares, y no por ello eran legales, ahora “la sedición” no es un
delito, y todo se reviste de una apariencia de legalidad. Y lo mismo con la
malversación, siempre que los ladrones sean catalanes, o del PSOE, pero no se
aplica a los del PP.
Y
todo este complejo golpe judicial está sostenido por gentuza como el ex juez
Baltasar Garzón, expulsado de la carrera judicial por prevaricación. Su pareja
sentimental, Dolores Delgado, o su sucesor García Ortiz, además de Pablo Iglesias
y sus acólitos, que maniobran en la sombra.
Las
amenazas a jueces, fiscales, periodistas; la filtración de datos sensibles de ciudadanos
individuales con el único fin de dañar su imagen; la burda implicación en
sendos actos de corrupción, tanto de su mujer como de su hermano, conforman una
larga lista de impunidad, que sin embargo no se aplica a otros individuos como,
por ejemplo, a Iñaki Urdangarín.
Al
menos, de momento, lo único que nos diferencia de la Rusia de Putin, (otro
corrupto insaciable) es que no se dedican a tirar por las ventanas a los jueces
o a los periodistas díscolos, ni aparecen colgados de la lámpara en sus casas.
Dado que veo complicado vencer en las urnas (posiblemente manipuladas) a todos los tarados que siguen al líder camino del abismo, mi única esperanza es que Israel saque la información que atesora Marruecos. Sólo así podríamos salvarnos de la deriva por la que nos lleva este degenerado que flexiona su cabeza ante los reyes árabes, pero a Felipe le recibe con las manos en los bolsillos.
[1] Julius Ruiz (La justicia de Franco)
