El diablo se viste de Sánchez.

Cuando Pedro Sánchez fue expulsado del PSOE como Secretario General, lo primero que hizo al regresar más tarde, fue modificar las normas internas del PSOE para que eso no pudiera volver a pasar.

Después, el siguiente movimiento, fue adaptar a su conveniencia la Fiscalía General del Estado. Para ello tomó la decisión que nadie antes jamás se había atrevido a tomar: nombrar a la Ministra de Justicia en ejercicio, Fiscal General del Estado.

Posteriormente los españoles comprendimos la razón de aquel atropello: Dolores presionó a los fiscales y abogados del Estado en el caso del golpe de los secesionistas catalanes, para que en sus conclusiones rebajaran la calificación de los actos juzgados, beneficiando a los acusados.

La intromisión y el chantaje de la Fiscalía en un proceso judicial en marcha, provocó la dimisión de Edmundo Bal y su adscripción a Ciudadanos, al tiempo que otros colegas suyos, participantes en el mismo proceso, fueron defenestrados, relegados y depurados por mantener su independencia.

Después, el objetivo estaba puesto en el TC y el CGPJ.

La obsesión de Sánchez por renovar estos órganos judiciales, no se debe a un inusual y desenfrenado deseo de cumplir escrupulosamente la Constitución, no. Se debe a que, de acuerdo a los compromisos adquiridos con sus socios de investidura catalanes, tiene que poner en la calle y gratis, a todos los condenados por el golpe de Estado del 2017. Y para eso, necesita asaltar, de la manera que sea, el TC, para que los fantoches que él ponga, le avalen las decisiones que va a tomar.

Es la misma estrategia que adoptó con su falso Máster, colocando en el tribunal que le iba a juzgar a individuos afines a él, aunque no reunían los requisitos necesarios.

Y ya que va a sacar a la calle y gratis a los secesionistas catalanes, aprovecha el paso del Pisuerga y a ver si consigue que Griñán no pise la cárcel. Y como a los catalanes les habían acusado de malversación y sedición, pues nada, que, a partir de ahora robar y dar golpes de estado, saldrá gratis.

Por eso necesita manipular el TC y el CGPJ, porque al igual que cualquier dictador bananero, necesita someter a los jueces.

¿Pero, por qué todo tan rápido, todo tan urgente?

Pues porque el año que viene hay elecciones e independientemente de lo que suceda y si afortunadamente conseguimos expulsar a este traidor de la Moncloa, el regalito que va a dejar a PP y VOX es una bomba atómica, porque es evidente que los catalanes van a hacer el referéndum ilegal muy cerca de las Generales y así el problema lo van a tener los demás.

Por otra parte, este gobierno es el que ha cosechado más sentencias desfavorables por parte del TC y del TS, empezando por los dos Estados de Alarma, que fueron sentenciados como ilegales, porque las medidas adoptadas no encajaban con la figura elegida. La decisión abrió la puerta a que se pudiesen anular las multas impuestas durante el primer estado de alarma por los incumplimientos relacionados con la libertad de circulación y de residencia.

(Fte: “El Debate” – María Jamardo)

Tampoco la llamada 'cogobernanza' recibió el visto bueno del Constitucional que consideró que, tanto el cerrojazo del Gobierno al Parlamento durante seis meses, en los que el Ejecutivo no recibió el control de la Cámara, como la delegación de las competencias centrales en materia sanitaria, hacia las comunidades autónomas, fueron ilegales.

La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, con el magistrado Manuel Marchena en cabeza, se opuso por unanimidad a conceder el indulto a los doce líderes independentistas catalanes del 'procés'. A juicio del Alto Tribunal, los políticos separatistas condenados a penas de hasta 13 años de prisión por los delitos de sedición, malversación y desobediencia al Constitucional en el referéndum independentista del 1-O, no merecían la medida de gracia, finalmente concedida por el Consejo de Ministros.

Juana Rivas, la madre malagueña condenada por secuestrar a sus dos hijos menores para apartarlos de su padre, el italiano Francesco Arcuri, no cumplía, según el Supremo, con los requisitos objetivos necesarios para revocar su pena de dos años y medio de cárcel. Por ello, el Pleno de la Sala Segunda se opuso por unanimidad a la concesión de un indulto total para Juana Rivas y tampoco alcanzó una mayoría mínima para apoyar el indulto parcial que sí respaldaba la tesis de la Fiscalía.

Jueces, magistrados y catedráticos coinciden en que la fórmula acordada entre PSOE y Unidas Podemos para que sus socios de legislatura, con Gabriel Rufián al frente, apoyen el proyecto de Ley de Memoria Democrática en marcha, sin derogaciones drásticas de la ley actual, «es netamente inconstitucional».

A todo ello hay que sumar las críticas abiertas de las Asociaciones Judiciales y desde Europa contra el Gobierno por sus constantes intentos de interferir y controlar el Poder Judicial.

Es decir, el enfrentamiento de Sánchez y su gobierno con la judicatura, es un asunto de principios jurídicos y no tanto ideológicos, aunque la defensa de los principios establecidos en la Constitución corresponde a ciertos partidos, mientras que el resto, lo único que pretenden es destruir la propia Constitución o adaptarla a su conveniencia, que viene a ser lo mismo. Lo que siempre se ha conocido como “la ley del embudo: lo ancho para mí, lo estrecho para ti”.