Cuando Pedro Sánchez fue expulsado del PSOE como Secretario General, lo primero que hizo al regresar más tarde, fue modificar las normas internas del PSOE para que eso no pudiera volver a pasar.
Después, el siguiente movimiento,
fue adaptar a su conveniencia la Fiscalía General del Estado. Para ello tomó la
decisión que nadie antes jamás se había atrevido a tomar: nombrar a la Ministra
de Justicia en ejercicio, Fiscal General del Estado.
Posteriormente los españoles
comprendimos la razón de aquel atropello: Dolores presionó a los fiscales y
abogados del Estado en el caso del golpe de los secesionistas catalanes, para
que en sus conclusiones rebajaran la calificación de los actos juzgados,
beneficiando a los acusados.
La intromisión y el chantaje de
la Fiscalía en un proceso judicial en marcha, provocó la dimisión de Edmundo
Bal y su adscripción a Ciudadanos, al tiempo que otros colegas suyos,
participantes en el mismo proceso, fueron defenestrados, relegados y depurados
por mantener su independencia.
Después, el objetivo estaba
puesto en el TC y el CGPJ.
La obsesión de Sánchez por
renovar estos órganos judiciales, no se debe a un inusual y desenfrenado deseo
de cumplir escrupulosamente la Constitución, no. Se debe a que, de acuerdo a
los compromisos adquiridos con sus socios de investidura catalanes, tiene que
poner en la calle y gratis, a todos los condenados por el golpe de Estado del
2017. Y para eso, necesita asaltar, de la manera que sea, el TC, para que los
fantoches que él ponga, le avalen las decisiones que va a tomar.
Es la misma estrategia que adoptó
con su falso Máster, colocando en el tribunal que le iba a juzgar a individuos afines
a él, aunque no reunían los requisitos necesarios.
Y ya que va a sacar a la calle y
gratis a los secesionistas catalanes, aprovecha el paso del Pisuerga y a ver si
consigue que Griñán no pise la cárcel. Y como a los catalanes les habían
acusado de malversación y sedición, pues nada, que, a partir de ahora robar y
dar golpes de estado, saldrá gratis.
Por eso necesita manipular el TC
y el CGPJ, porque al igual que cualquier dictador bananero, necesita someter a
los jueces.
¿Pero, por qué todo tan rápido,
todo tan urgente?
Pues porque el año que viene hay
elecciones e independientemente de lo que suceda y si afortunadamente conseguimos
expulsar a este traidor de la Moncloa, el regalito que va a dejar a PP y VOX es
una bomba atómica, porque es evidente que los catalanes van a hacer el referéndum
ilegal muy cerca de las Generales y así el problema lo van a tener los demás.
Por otra parte, este gobierno es
el que ha cosechado más sentencias desfavorables por parte del TC y del TS,
empezando por los dos Estados de Alarma, que fueron sentenciados como ilegales,
porque las medidas adoptadas no encajaban con la figura elegida. La decisión abrió
la puerta a que se pudiesen anular las multas impuestas
durante el primer estado de alarma por los incumplimientos relacionados con la
libertad de circulación y de residencia.
(Fte: “El Debate” – María Jamardo)
Tampoco la llamada 'cogobernanza'
recibió el visto bueno del Constitucional que consideró que, tanto el cerrojazo
del Gobierno al Parlamento durante seis meses, en los que el Ejecutivo
no recibió el control de la Cámara, como la delegación de las competencias
centrales en materia sanitaria, hacia las comunidades autónomas, fueron
ilegales.
La Sala Segunda de lo Penal del
Tribunal Supremo, con el magistrado Manuel Marchena en cabeza,
se opuso por unanimidad a conceder el indulto a los doce líderes
independentistas catalanes del 'procés'. A juicio del Alto Tribunal, los
políticos separatistas condenados a penas de hasta 13 años de prisión por los
delitos de sedición, malversación y desobediencia al Constitucional en el
referéndum independentista del 1-O, no merecían la medida de gracia, finalmente
concedida por el Consejo de Ministros.
Juana Rivas, la madre
malagueña condenada por secuestrar a sus dos hijos menores para apartarlos de
su padre, el italiano Francesco Arcuri, no cumplía, según el
Supremo, con los requisitos objetivos necesarios para revocar su pena de dos
años y medio de cárcel. Por ello, el Pleno de la Sala Segunda se opuso por
unanimidad a la concesión de un indulto total para Juana Rivas y
tampoco alcanzó una mayoría mínima para apoyar el indulto parcial que sí
respaldaba la tesis de la Fiscalía.
Jueces, magistrados y catedráticos
coinciden en que la fórmula acordada entre PSOE y Unidas Podemos para que sus
socios de legislatura, con Gabriel Rufián al frente, apoyen el
proyecto de Ley de Memoria Democrática en marcha, sin derogaciones
drásticas de la ley actual, «es netamente inconstitucional».
A todo ello hay que sumar las
críticas abiertas de las Asociaciones Judiciales y desde Europa contra
el Gobierno por sus constantes intentos de interferir y controlar el Poder
Judicial.
Es decir, el enfrentamiento de
Sánchez y su gobierno con la judicatura, es un asunto de principios jurídicos y
no tanto ideológicos, aunque la defensa de los principios establecidos en la
Constitución corresponde a ciertos partidos, mientras que el resto, lo único
que pretenden es destruir la propia Constitución o adaptarla a su conveniencia,
que viene a ser lo mismo. Lo que siempre se ha conocido como “la ley del
embudo: lo ancho para mí, lo estrecho para ti”.
©
Carlos Usín
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