No voy a desentrañar ningún misterio si digo que el problema del alquiler en España no es un asunto nuevo y, por el momento, sin resolver. Las razones de esta situación son varias y como suele suceder con los grandes problemas, se van superponiendo unas a otras a lo largo del tiempo.
Personalmente, mantengo que una
de las razones fundamentales del problema está en el hecho de que los sueldos
no han crecido al mismo ritmo e intensidad que el resto de gastos comunes como
la luz, el gas, los alimentos, los impuestos, etc. Esos gastos no sólo afectan
a los inquilinos, también incluyen a los propietarios de viviendas, - que
también son consumidores -, y por ello, mantener una vivienda para alquiler, se
hace más difícil de mantener su rentabilidad.
A pesar de estas circunstancias y
de otras varias, alquilar una vivienda tenía sus dificultades, pero siempre se
resolvían. Entonces, ¿qué ha sucedido para que ahora el problema se haya
agudizado hasta los niveles actuales? Pues la razón es bien sencilla. A los
problemas antes mencionados se ha unido la intervención del gobierno comunista
en un mercado libre, con la exclusiva intención como buen gobierno comunista
que es, de alterar el estado de las cosas mediante la publicación de la llamada
ley del alquiler, lo que – como era previsible – ha sido mucho más perjudicial
que beneficioso, puesto que los propietarios, ante el riesgo evidente de tener
un problema que antes no tenían, no ofrecen sus viviendas para un alquiler, que
no saben si van a cobrar, que no conocen la solvencia del inquilino y que
corren el riesgo de comerse al inquilino con patatas durante cinco años, hasta
que, después de mucho tiempo, dinero, pleitos y dolores de cabeza, consiga
expulsar al inquilino moroso de su vivienda. Durante todo ese tiempo, se ha
tenido que buscar un abogado, sufrir los retrasos de la justicia, continuar
pagando religiosamente sus impuestos y en ocasiones, los gastos de agua, luz,
calefacción y demás del inquilino moroso. Después, cuando consiga expulsarle viene
reformar la casa entera y restituir lo que haya podido dejar como herencia.
Este tipo de situaciones es lo
que dibuja la mencionada ley que establece una serie de principios y de reglas
que arrojan una inseguridad sobre el propietario de la vivienda, y en algunos
casos, la realidad deviene en indefensión y frustración. Da la impresión de que
el gobierno, este gobierno, se ha posicionado del lado de los okupas, de
los insolventes, de los delincuentes, y ha dejado de la mano de Dios a los
propietarios que se ven en ocasiones desatendidos o abandonados.
Alguno podrá argumentar que esta
ley era necesaria para proteger los intereses de los inquilinos y proporcionar
una vivienda digna, pero a dicho falso argumento me gustaría añadir que la
mejor protección social de un gobierno es generar empleo y no paro. Cuando el
ciudadano tiene empleo y correctamente remunerado, lo invierte en vivienda, en
la compra de bienes de consumo y el dinero circula.
Pero si tanto le preocupa al
gobierno la situación del mercado de la vivienda en España y quiere tomar
cartas en el asunto, lo único que debería hacer es construir viviendas
asequibles para los más desfavorecidos. Si no saben cómo hacerlo sólo tienen
que fijarse en lo que hacía Franco, que construía barrios enteros para la
llamada gente obrera. Pero claro, este tipo de ideas pueden parecer demasiado
revolucionarias a un gobierno cuyos ministros se pasan el día insultando a Juan
Roig, a Amancio Ortega y a Patricia Botín. Así, con esta gentuza, va a ser
difícil que podamos resolver ningún problema, ni el de la vivienda ni ninguno.
Así es que ahora tenemos un
panorama en el que una inmensa mayoría de la población, gana un salario de
miseria que no le alcanza para ser independiente y alquilar una vivienda,
mientras el gobierno comunista persigue a los propietarios en vez de castigar a
los okupas; insulta a los empresarios en vez de promover empleo; y prefiere
expropiar viviendas privadas antes que construir con dinero público otras
nuevas para los que las necesitan.
Y a todo este esperpento ahora
tenemos una nueva amenaza que se cierne sobre el mercado inmobiliario: los
buscadores de la residencia en la UE.
Ser ciudadano de la UE es un
derecho que, probablemente, los que lo tenemos no somos conscientes de su
auténtico valor. Es algo parecido a lo que antiguamente significaba ser
ciudadano Romano. Nosotros es posible que no seamos conscientes, pero los que
lo buscan lo tiene muy claro y actúan sibilinamente para conseguirlo.
El método es muy sencillo. Tú
vienes a España como turista. Tienes tres meses de estancia legal antes de que
tengas que abandonar el país. En ese tiempo tienes que desarrollar una
actividad frenética para solicitar la tarjeta de residencia en España.
El procedimiento pasa por
solicitar un NIE y a partir de ese momento tienes 45 días para proporcionar un
domicilio real y comunicar un trabajo. A partir de estas premisas, se desata
toda una serie de actividades que en algunos casos bordean la legalidad, porque
uno de los requisitos más importantes es el de obtener un domicilio real.
Para conseguir el domicilio que
te pueda servir de pantalla, lo único que necesitas es presentar un contrato
de alquiler y para ello, hay gente que está dispuesta a abonar seis
meses o todo un año por adelantado con el fin de tentar al propietario y
conseguir ese contrato, que después presentará en la policía nacional.
Partiendo de esa estrategia,
luego queda preguntarse de dónde va a sacar el inquilino el dinero para pagar
20.000 o 30.000 euros, más los gastos de agua y luz aparte. Y entonces, te
puedes encontrar con que esos gastos los va a satisfacer una supuesta empresa
en la que supuestamente trabaja el inquilino. O sea, hablando en plata: tráfico
de personas, o de lo que sea, porque en caso de aceptar, el propietario
convertiría su vivienda en una cabeza de puente de gente sin principios, ni
escrúpulos, dispuestos a hacer lo que fuera necesario para conseguir la tarjeta
de residencia en España. Y si además te conceden el estatus de Refugiado por
ser ucraniano o ruso, huyendo de un país en guerra, mejor.
Si tienes la mala suerte de que
en algún momento te la han colado y quieres desalojar al inquilino, la ley, - esa
maravilla con la misma categoría legal de la del “sólo sí es sí”-, obliga al
propietario a buscarle realojamiento, con lo que de entrada, el propietario se convierte
en una mezcla entre siervo del otro y agencia inmobiliaria.
Así es que ahora, el propietario de
una vivienda debe estar atento a lo que se escribe por internet e intentar
descifrar las milongas que de vez en cuando le cuentan tanto las agencias
inmobiliarias, como los propios interesados en alquilar su vivienda, relatando
unas historias tan rocambolescas y
retorcidas que merecerían formar parte de un recopilatorio de Sherlock Holmes.
Y todo esto porque este gobierno, en vez de dedicarse a construir casas para los pobres, prefiere intervenir en el mercado, mientras todos ellos viven de gorra a nuestra costa, o debido a sus salarios escandalosos, tienen la opción de acceder a unas viviendas que, hasta hace cuatro años, sólo figuraban en su lista de sueños inalcanzables.
