Resulta que a mi amigo Ted le han puesto una multa los de la Dirección General de Tráfico. Mi amigo y su mujer, viven en un pueblo de 5.000 habitantes en Eslovaquia, pero desde hace bastantes años han decidido que los meses de enero, febrero y marzo, es bastante mejor pasarlos en la Costa del Sol, en vez de quedarse en su casa y por eso, cada año, vienen por aquí. Cada vez que vienen, por supuesto alquilan su casa y también, un vehículo que recogen y devuelven en el aeropuerto. Hasta ahí nada fuera de lo común. Lo kafkiano empieza cuando recibe una multa de la DGT por exceso de velocidad en la autovía A-45 en Málaga, por circular a 120 kms/hora cuando el límite estaba en 100 kms/hora.
Al margen de lo que luego voy a
exponer, mi pregunta es ¿a quién se le ha ocurrido la feliz idea de construir
una autovía y obligar a que en ciertos tramos la velocidad máxima sea la de una
carretera comarcal? Pero lo mejor viene ahora.
Mi amigo Ted recibe en su
domicilio del pueblo de Eslovaquia toda la documentación de la multa. Varios folios
en los que se señala la infracción, cuándo, dónde, quién la ha hecho e incluso,
el resultado de las pruebas técnicas a las que se sometió la cámara de fotos
chivata. Todo estupendo, magnífico…pero en español. Pero eso no es lo más
grave.
Mi amigo Ted decide que no se va
a complicar la vida impugnando la denuncia ni esas cosas, y se dispone a pagar
la multa. Y es aquí donde comienza la parte surrealista del asunto.
Mi amigo Ted con ayuda de su
mujer y de los elementales conocimientos de español que tienen, leen
detenidamente las instrucciones para el pago. En ellas se menciona expresamente
la entidad bancaria y también se menciona que hay que hacer una transferencia a
una cuenta corriente. El problema es que el banco sí aparece, pero lo que no
hay por ninguna parte es una cuenta bancaria a la que poder hacer una
transferencia para el pago de la multa.
Unas líneas más abajo también
leen: “para más información pueden llamar al teléfono 060 o leer el código QR”.
Cuando llaman al 060, una voz en perfecto
español y a la velocidad a la que hablaba el inefable Fraga Iribarne – azote de
taquígrafos – les aturde y les confunde. Como es lógico y normal no entienden
nada. Deciden, por tanto, intentarlo con el código QR. El problema es que no
existe ningún código QR.
Llegados a este punto es cuando
mi amigo se pone en contacto conmigo, me cuenta el problema y la imposibilidad
de efectuar el pago de la sanción de tráfico. Y entonces un servidor empieza a
descubrir lo bien pensado que está todo de cara al ciudadano.
El teléfono de información al
ciudadano es un 902; es decir, un teléfono de pago que va en contra,
justamente, de una nueva ley impulsada por este gobierno en la que obliga a
todos los organismos públicos a abrir un cauce de comunicación con el ciudadano
de modo gratuito.
Después de bucear en la maraña legal
del documento, de investigar por internet y de acordarme de la santa
progenitora gestante que dio a luz al engendro que dirige la DGT, descubro un
teléfono, al que poder pedir auxilio.
Dispongo mi ánimo para una espera
desesperante dilapidando parte de mi existencia colgado de un teléfono que,
intuyo, me pondrá en línea de espera con alguna musiquita que terminaré odiando
de tanto escucharla, o bien, escuchando hasta la saciedad la manida frase “todos
nuestros operadores están ocupados; manténgase a la espera” o lo peor de todo: “si
quiere hablar de peces pulse 1 y si es de barcos, pulse 2”. Inopinadamente,
enseguida soy atendido por un ser humano, una señorita amable y encantadora a
la que explico el problema (mi amigo, la multa, el banco…) y me responde con la
información necesaria, es decir, un número de cuenta bancaria de 24 dígitos más
el código SWIFT del banco.
Contento como unas castañuelas le
comunico a migo Ted los datos. Más tarde me dice que ya ha hecho la
transferencia, pero que la DGT no le ha emitido ningún recibo.
Y yo ahora me pregunto: Y todos
esos extranjeros que alquilan un coche en sus vacaciones en España y les ponen
una multa ¿les llegan esas multas? Porque mi amigo es legal y dio su domicilio
de verdad, pero ¿cuántos hay que dan otro domicilio? Y si les llega la multa a
Manchester, Frankfurt o Paris, ¿qué hacen cuando comprueban que la información
que reciben no se ajusta a la realidad y que aunque lo intentan no pueden
abonar la sanción?
Así es que, mucho hablar de la digitalización de las empresas, de la Administración y todo eso, pero cuando te topas con la realidad de los chapuzas que hay por ahí, la cosa es diferente a como te la quieren pintar.
