Sí, ya sé que parece el título de una disparatada comedia americana con Eddie Murphy de protagonista. Incluso podría estar refiriéndome a algún político español. Pero la verdad es que sólo estoy haciendo referencia a un individuo que existe, que es real y que, desde hace casi quince años, viene siendo el presidente de una comunidad de vecinos.
El individuo, al que llamaré P. actúa
exactamente como lo haría un auténtico mafioso de Chicago.
Los empleados de los que dispone
la comunidad, en realidad, están obligados a satisfacer los deseos y las
órdenes del presidente, quien se ha adueñado tanto de la comunidad como de los
trabajadores. De hecho, él, personalmente, toma todas las decisiones que se le
antojan, firmando contratos laborales o amenazando con despidos, al margen de
que tales atribuciones estén contempladas o no en la Ley de Propiedad
Horizontal.
Así, por ejemplo, cuando una
vecina acude en su auxilio porque su esposo ha fallecido, gentilmente se ofrece
a efectuar un enterramiento ilegal de sus cenizas, en el jardín comunitario, debajo
de la terraza de la viuda, para que así, le sienta más cerca. Con placa y todo.
Da igual que sea ilegal y que no haya consultado con nadie de la comunidad. Él
ostenta un poder omnímodo y lo hace por decreto.
La comunidad dispone de una
cafetería para los propietarios cuya explotación se subcontrata con una empresa
externa. El contrato de arrendamiento es más secreto que las pruebas nucleares
en Los Álamos. Nadie conoce los términos, ni qué gastos son abonados por la
comunidad y cuáles por la empresa, ni cuántos camareros hay, ni quién les paga
las nóminas, ni quién fija los horarios y por qué. Nada de nada. Pero eso sí,
él se lleva una comisión de esa explotación, lo que, evidentemente, termina por
hacer inviable el proyecto de la empresa y obliga a cerrar, y con ello, vuelve
a iniciarse el proceso de subcontratar con otra empresa externa.
Otra de las características de la
comunidad es que dispone de un SPA. Unas instalaciones estupendas que, en un
principio, eran de uso exclusivo para los propietarios. El coste de
mantenimiento de las instalaciones obligó a los comuneros a replantearse el uso
privativo del SPA y fue entonces cuando se accedió a abrir esos servicios al
público en general. Para ello, se subcontrató con una empresa externa.
Los problemas empezaron a surgir
pronto. El acceso a la comunidad se hace a través de unas verjas que están
cerradas permanentemente y que se abren con un mando que tienen los
propietarios. O bien, llamando a un timbre para que la persona de recepción le
facilite el acceso.
Debido a lo novedoso de disponer
de un SPA en una población censada de unos 80.000 habitantes, unido a los
precios populares que el nuevo contratista había aplicado, el trasiego de
clientes obligó a mantener permanentemente abiertas las puertas de acceso a la
urbanización, con el consiguiente quebranto en cuanto a la seguridad se
refiere, ya que no era necesario identificarse.
Esto, a su vez, originó otro
problema añadido y es que, las personas que acudían a la oferta del SPA, una
vez entraban en la urbanización no encontraban un lugar donde aparcar el coche,
ya que todas las plazas, el 100%, estaban reservadas a los propietarios de las
viviendas, lo que en más de una ocasión originó que dichos visitantes,
aparcaran sus vehículos en plazas que no estaban a su disposición, lo cual,
evidentemente, creó un serio malestar entre los propietarios. Pero la cosa no
termina ahí.
Desde hace ya algún tiempo, se
tienen fundadas sospechas de que dichas instalaciones del SPA se están
utilizando como un burdel de lujo, en el que algunas de las personas que trabajan
allí, son acosadas tanto por los clientes, - que se equivocan y se confunden de
profesionales-, como por el presidente de la comunidad de vecinos, el
mencionado P. En algún caso la persona acosada en cuestión terminó en un
psiquiatra y renunciando al empleo.
La comunidad no tiene constancia
de los términos en los que se ha firmado el contrato entre la comunidad y la
subcontrata. Tan sólo se ha hecho saber – sin poder para contrastar el dato –
que la empresa que explota el SPA abona a la comunidad cinco mil euros al mes,
lo cual, teniendo en cuenta el trasiego de personas y vehículos hasta altas
horas de la noche, y el precio que paga cada uno de ellos, se antoja una
especie de regalo.
Por supuesto, el mencionado P. se
lleva una comisión sobre los beneficios.
En un principio, la comunidad
disponía de un vehículo para acercar a las personas más mayores y con problemas
de movilidad, tanto al centro de salud, como a las tiendas o grandes almacenes.
Eso era antes. Ahora, P. se ha adueñado de su uso en exclusiva y sólo está a su
exclusiva disposición.
Si hay vecinos que necesitan ir
al supermercado, P. les toma nota de sus necesidades, le da la lista a uno de
los empleados de la comunidad, le da las llaves de la furgoneta y le encarga
que vaya a hacer la compra al súper. Después, a los vecinos, les cobra una
comisión “para pagar la gasolina”.
Si algún vecino se queda sin
tabaco, P. le proporciona el que desee a un precio competitivo, aunque no sea
una expendeduría oficial. Lo mismo sucede si el vecino necesita una botella de
vino o de algún licor más fuerte. P. ha convertido su despacho en una especie
de supermercado en el que se vende de todo, y probablemente, no todo sea legal.
Si el propietario de una vivienda
es una persona mayor y vive en su país natal, no debe preocuparse. P. se
encarga de alquilar el apartamento y quedarse el 100% del importe del alquiler,
sin que el dueño tenga la más mínima idea de lo que ocurre. Hasta que fallece y
sus herederos empiezan a tirar del hilo, aunque no consiguen documentos que
acrediten tal delito.
Por supuesto, se sospecha y no
sin motivos, que para acudir a las juntas de propietarios y ganar
sistemáticamente las votaciones, también se dedica a falsificar firmas de
gente, que vaya usted a saber, si continúan vivos.
Como es lógico esta situación
viene provocando un clima de animadversión y enfrentamiento entre cierto grupo
de vecinos y el susodicho, hasta tal punto, que desde hace años a las juntas de
propietarios P. se hace acompañar de un guarda jurado armado para protegerse.
Imagino que el coste correrá a cargo de la comunidad. Cornudo y apaleado.
P. es propietario de varios
apartamentos en la mencionada urbanización, una de las más lujosas de la zona, no
tanto por el aspecto exterior de las viviendas, sino por los servicios que
incorporó en el momento de su inauguración y que ya he mencionado algunos:
piscina, amplios jardines, SPA, cafetería restaurante, sala de juegos, sala de
cine, etc. Se sabe que dispone de cuatro apartamentos, lo cual, resulta muy
llamativo en alguien cuya única ocupación consistía en ser un simple trabajador
de una estación ITV.
Pero he dejado para el final lo
mejor.
Parece lógico pensar que con este
comportamiento al más puro estilo Al Capone, el resultado es el que es. Lo que
resulta más difícil es comprender que esto sea posible en un individuo que ha
pasado 6 años en una cárcel de EE.UU. por tráfico de drogas.
La próxima junta está fijada para
finales de este mes.
