Es bien conocido el dicho de que “un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla”. Y por eso, creo que es importante recordar de dónde venimos para comprender lo que somos. Y, sobre todo, saber valorar lo que tenemos y podemos perder. Por eso, aquí van unos datos históricos.
La muerte de Franco, el 20 de
noviembre de 1975. Entonces estaba a pocos meses de incorporarme al servicio
militar obligatorio. Fui la segunda promoción que juró lealtad a la bandera y
al Rey Juan Carlos I. Eso fue en abril de 1976.
En julio de ese año, 1976, el Rey
nombró presidente del gobierno a Adolfo Suárez.
A instancias de S.M. y asesorado
por Torcuato Fernández-Miranda, Suárez impulsó la Ley para la Reforma Política, o lo que es
lo mismo: propició el harakiri de las Cortes de Franco para dar paso a una
democracia.
En pleno proceso de la
Transición, el 24 de enero de 1977 fue secuestrado Emilio Villaescusa Quilis, a
la sazón jefe del
Estado Mayor Central del Ejército. Fueron los terroristas del GRAPO. En ese momento, lo
único que me preocupaba era que nos acuartelaran.
El 9 de abril de 1977 el gobierno
de Adolfo Suárez legaliza por sorpresa al Partido Comunista de España. Como
resultado de ello, dimite inmediatamente el entonces Ministro de Marina.
En junio de 1977, tan sólo unas
semanas antes de licenciarme del ejército, se celebraron las primeras
elecciones democráticas en España desde 1936. En esas fechas, me tocó hacer la
única guardia que hice en toda la mili.
En diciembre de 1978, hacía unos
pocos meses que había entrado en el mundo laboral y, por supuesto, fui uno de
los millones de españoles que acudió a votar a favor de nuestra nueva
Constitución.
Se estima que desde 1978 el
número de españoles nacidos es del entorno de 40 millones.
Es decir, que todos estos datos
que guardo entre mis recuerdos por haberlos vivido en primera persona, resultan
tan lejanos, tan extraños a esos 40 millones, como lo puedan ser los Reyes
Católicos, los Visigodos o Publio Cornelio Escipión; es muy probable que sólo
conozcan de estos eventos y personajes si en la Comunidad Autónoma en la que
han cursado sus estudios primarios han tenido a bien considerar incluirlos en
los libros de historia.
Y es ahí donde se produce el desapego
entre los ciudadanos y nuestra democracia: cuando los recuerdos pasan a ser
datos históricos se pierde esa implicación personal. Se pierde una parte
importante a la hora de poder valorar mejor su impacto, su importancia, su
trascendencia.
Es como el sexo sin amor.
Más de 40 millones de españoles
han nacido con la democracia ya puesta bajo el brazo. Los que no saben cuánto
costó tener democracia, no pueden valorar lo que tienen. La democracia no es un
derecho adquirido de por vida. La democracia, se lucha, a veces se consigue y
siempre que hay que perseverar en mantenerla. No se mantiene sola.
A ellos, a esos 40 millones, no
les hables de los años de plomo de ETA, de cómo había un secuestro, un
asesinato, un atentado con coche bomba, un robo o cualquier clase de delito,
casi cada semana. Por tanto, no pueden comprender la inquina de todos aquellos
que sufrimos – algunos en sus propias carnes - esos atentados. Hijos que iban
de la mano de su padre asesinado de un tiro en la cabeza mientras caminaban. La
de aquellos que vieron volar el coche despedazado donde estaba el marido, el
hermano, el padre, el compañero. Y todos ellos ven ahora cómo los asesinos
caminan libres por la calle y hasta se les hacen homenajes, mientras el
gobierno mira para otro lado, pero no hace lo mismo con los supuestos actos en
pro de Franco (si es que los hubiere).
Los terroristas no se han
arrepentido, no han perdido perdón, no han cumplido los miles de años de
prisión a los que fueron condenados, no han colaborado en esclarecer los más de
300 asesinatos sin resolver, pero están en la calle. Y para colmo, forman parte
de los grupos políticos que sostienen al gobierno central, algunos de cuyos
compañeros del partido, fueron asesinados por sus nuevos socios.
Probablemente, esos 40 millones, tampoco
sepan quien fue Carrero Blanco, ni Torcuato Fernández-Miranda. Quiero ser
optimista y asumo que sí les suena Adolfo Suárez, pero estoy seguro que no
conocen los entresijos de cómo se forjó algo de lo que los españoles nos
sentimos tan orgullosos: la Transcición. Los tejemanejes que tuvieron que
realizar, las conversaciones discretas, los pactos alcanzados para que,
aquellos que habían jurado lealtad eterna a Franco, permitieran que España
fuera una democracia.
Estoy seguro de que no conocen el
papel crucial, fundamental, que jugó Juan Carlos I, para que los españoles
tuviéramos una Constitución en la que el propio rey, renunciaba a disfrutar de
tanto poder como el que tiene el de Reino Unido, por ejemplo.
Y los españoles durante muchos
años nos sentimos orgullosos de haber servido de ejemplo al mundo de cómo se
puede pasar de una dictadura – la de Franco – a una democracia. Sin guerra
civil, aunque sí con ETA, y con un intento de golpe de estado frustrado. Por
cierto, por El Rey.
Nos sentimos orgullosos de cómo
fuimos capaces de crear una nueva Constitución donde todos tenían cabida. La
Constitución fue apoyada por el 87,87% de los votantes, que representaba el
58,97% del censo electoral.
En Cataluña votó a favor el 90%
de los votantes. En el País Vasco, el 70%.
En aquellos días, muchas veces
tumultuosos y tristes por los atentados, por la incertidumbre de un futuro
siempre incierto, creímos en nuestra democracia, en nuestras instituciones. Con
algunas reservas, no ciegamente y no siempre, pero existía una cierta
confianza. Creímos en la Justicia y pensamos que, aunque a trancas y barrancas,
los malos pagarían sus fechorías.
Han pasado los años y
lamentablemente en los últimos tiempos, estamos siendo testigos de un
desmoronamiento de todo aquello que los españoles, - todos los españoles-,
construimos allá a finales de los años 70. Aquella fe que depositamos en las
instituciones, en la Justicia, en las FFyCC de seguridad del estado, en
nuestros gobernantes y que, unas veces mejor que otras, parecía funcionar, de
un tiempo a esta parte asistimos frustrados al desmantelamiento de todo eso.
La Constitución establece en su
artículo 122 que 8 de los 20 vocales del Consejo General del Poder
Judicial los nombre el Congreso y el Senado entre juristas de reconocida
competencia. Y los otros 12 se elegirán entre jueces y magistrados de todas las
categorías.
En 1985, con la mayoría del
gobierno socialista de Felipe González se modificó la Ley Orgánica de 1980 y se
fijó el que los 20 vocales los eligieran a partes iguales las dos
Cámaras. Era la mejor manera de politizar la Justicia.
De aquellas lluvias, tenemos
estos lodos.
La lucha por el control político de
la Justicia y de sus resortes – CGPJ, Fiscal General, TC, TS – ha sido y es
feroz. Hasta tal punto que aquellos jueces que actúan de modo contrario a los
intereses del gobierno, son objeto de una despiadada persecución, incluidos
todos los miembros del Consejo de Ministros, con el propio Ministro de Justicia
a la cabeza.
De repente, un día descubrimos
que hasta había un comisario de policía, con sus ilegalidades a la espalda y
sus interminables grabaciones e informes de todo quisqui, que dejaba pequeño al
gran maestro Francisco
Paesa.
Descubrimos atónitos cómo es
posible robar 700 millones de euros a los desempleados de Andalucía, repartir
ese dinero entre amigos, meretrices, cocaína, alcohol y demás, y ser declarados
inocentes…después de haber sido condenados en firme por el Tribunal Supremo.
Y la misma desagradable sorpresa
resulta cuando nos levantamos una mañana y descubrimos que se elimina del
código penal español el delito de sedición.
El delito de
sedición consiste en alzarse pública y tumultuariamente para impedir, por
la fuerza o al margen de las vías legales, la aplicación de las leyes.
Este delito está contemplado en el artículo 544 del Código Penal. La
condena que llevaba aparejada iba desde los 10 hasta los 15 años de prisión.
Con la reforma de la ley correspondiente, el castigo por sedición se queda en
una pena de prisión de 6 meses a 3 años.
Incendiar Barcelona salió barato.
A los incendiarios, me refiero.
En el caso del concepto de
malversación, o sea, robar dinero público, el matiz por el que te pueden
declarar no culpable es que no tengas “ánimo de lucro”. O sea, que puedes robar
para financiar un golpe de estado, organizar una sedición, armar un ejército o
algo similar, pero no lo puedes ingresar en tu cuenta del Santander o del BBVA,
por ejemplo.
Los atribulados ciudadanos
asistimos estupefactos – día sí y día también - a un desfile inimaginable de
corruptos, ladrones, tramposos, nepotistas y en general, gentes sin escrúpulos
y sin más intención que la de enriquecerse de la manera que sea, mientras pueda
y cuanto antes mejor.
Mi memoria es larga en el tiempo
y excelente en los detalles, y a lo largo de todos estos años de democracia recuerdo
casos de corrupción varios. Pero en aquellos años no había la preocupante
sensación de descaro, de impunidad que parecen mostrar los delincuentes
actuales. Entonces, albergábamos la esperanza de que la Justicia, aunque lenta,
seguiría su camino y en algún momento, habría una sentencia condenatoria contra
los culpables. Más o menos.
Sin embargo, la sensación de
ahora es que, con el control dictatorial de los resortes de la Justicia,
presumiendo públicamente y de forma indecorosa de que “el fiscal general de
¿quién depende? pues eso”, resulta difícil creer en ella. Aún más difícil
cuando hay sobradas muestras de que el propio fiscal general va a ser imputado
ante el TS por faltar gravemente a sus responsabilidades y someterse
sumisamente a los requerimientos de su jefe. Y de que el TC contradice al TS,
siempre que lo considere oportuno, se limita a obedecer las órdenes del
gobierno y responde con maquiavélicos y retorcidos argumentos técnicos a lo que
interesa políticamente en cada momento, afirmando con la misma rotundidad y vehemencia
que una cosa es blanca y negra, en función del tiempo.
En realidad, la defensa de los
últimos reductos de democracia que nos queda está en manos de muy contadas
personas, con un poder relativo. Tal vez no lleguen a sumar ni 300, como
aquellos valientes espartanos que se enfrentaron al inmenso ejército persa en
las Termópilas.
Nuestros espartanos, en realidad,
son algunos jueces, fiscales y la mayoría de los miembros de la Policía y la
Guardia Civil.
La situación que estamos viviendo
se asemeja bastante más a la que se muestra en la película “Los Intocables de
Elliot Ness”.
En esa magnífica cinta, con un
elenco de actores envidiable, dirigidos por Brian de Palma y como guinda del
pastel la música de Enio Morricone, la ciudad de Chicago estaba infestada de
corruptos de arriba abajo: El alcalde, los concejales, empresarios, los
políticos…hasta la propia policía, cobraba sus mordidas del mafioso Al Capone.
En nuestro caso no se trata de
una ciudad; se trata del país entero. Y del mismo modo que los de Elliot Ness
fueron perseguidos por los mafiosos, nuestros defensores están siendo
perseguidos por el gobierno. Al igual que en la película Capone le encarga a su
mano derecha, Frank Nitti, que elimine a Elliot Ness, en nuestro thriller
particular, también hay varios “Frank Nitti” dispuestos a eliminar la amenaza
que representan nuestros Elliot Ness particulares.
Y, de nuevo, la realidad supera
la ficción: Capone es detenido y encarcelado por las pruebas obtenidas de uno
de sus más allegados colaboradores, no por sus crímenes y asesinatos, sino por
defraudar a Hacienda.
Películas aparte, debemos ser muy
conscientes de que lo que nos queda de democracia podemos perderlo. No es una
exageración. Preguntad a los venezolanos que tenéis al lado.
La historia nos enseña que lo del
Caballo de Troya no fue sólo una anécdota. Hitler asumió el mando de Alemania y
se pulió de un plumazo la democracia e instauró una dictadura.
Y hay que ser muy conscientes de
que, si perdemos nuestra democracia, iremos DE NUEVO, a una dictadura; pero en este caso, de
extrema izquierda.
Volver a empezar es una película estupenda de J. L. Garci, pero no es una opción para España. Recordemos nuestra historia; aprendamos de ella.
