De presidiario a presidente

Sí, ya sé que parece el título de una disparatada comedia americana con Eddie Murphy de protagonista. Incluso podría estar refiriéndome a algún político español. Pero la verdad es que sólo estoy haciendo referencia a un individuo que existe, que es real y que, desde hace casi quince años, viene siendo el presidente de una comunidad de vecinos.

El individuo, al que llamaré P. actúa exactamente como lo haría un auténtico mafioso de Chicago.

Los empleados de los que dispone la comunidad, en realidad, están obligados a satisfacer los deseos y las órdenes del presidente, quien se ha adueñado tanto de la comunidad como de los trabajadores. De hecho, él, personalmente, toma todas las decisiones que se le antojan, firmando contratos laborales o amenazando con despidos, al margen de que tales atribuciones estén contempladas o no en la Ley de Propiedad Horizontal.

Así, por ejemplo, cuando una vecina acude en su auxilio porque su esposo ha fallecido, gentilmente se ofrece a efectuar un enterramiento ilegal de sus cenizas, en el jardín comunitario, debajo de la terraza de la viuda, para que así, le sienta más cerca. Con placa y todo. Da igual que sea ilegal y que no haya consultado con nadie de la comunidad. Él ostenta un poder omnímodo y lo hace por decreto.

La comunidad dispone de una cafetería para los propietarios cuya explotación se subcontrata con una empresa externa. El contrato de arrendamiento es más secreto que las pruebas nucleares en Los Álamos. Nadie conoce los términos, ni qué gastos son abonados por la comunidad y cuáles por la empresa, ni cuántos camareros hay, ni quién les paga las nóminas, ni quién fija los horarios y por qué. Nada de nada. Pero eso sí, él se lleva una comisión de esa explotación, lo que, evidentemente, termina por hacer inviable el proyecto de la empresa y obliga a cerrar, y con ello, vuelve a iniciarse el proceso de subcontratar con otra empresa externa.

Otra de las características de la comunidad es que dispone de un SPA. Unas instalaciones estupendas que, en un principio, eran de uso exclusivo para los propietarios. El coste de mantenimiento de las instalaciones obligó a los comuneros a replantearse el uso privativo del SPA y fue entonces cuando se accedió a abrir esos servicios al público en general. Para ello, se subcontrató con una empresa externa.

Los problemas empezaron a surgir pronto. El acceso a la comunidad se hace a través de unas verjas que están cerradas permanentemente y que se abren con un mando que tienen los propietarios. O bien, llamando a un timbre para que la persona de recepción le facilite el acceso.

Debido a lo novedoso de disponer de un SPA en una población censada de unos 80.000 habitantes, unido a los precios populares que el nuevo contratista había aplicado, el trasiego de clientes obligó a mantener permanentemente abiertas las puertas de acceso a la urbanización, con el consiguiente quebranto en cuanto a la seguridad se refiere, ya que no era necesario identificarse.

Esto, a su vez, originó otro problema añadido y es que, las personas que acudían a la oferta del SPA, una vez entraban en la urbanización no encontraban un lugar donde aparcar el coche, ya que todas las plazas, el 100%, estaban reservadas a los propietarios de las viviendas, lo que en más de una ocasión originó que dichos visitantes, aparcaran sus vehículos en plazas que no estaban a su disposición, lo cual, evidentemente, creó un serio malestar entre los propietarios. Pero la cosa no termina ahí.

Desde hace ya algún tiempo, se tienen fundadas sospechas de que dichas instalaciones del SPA se están utilizando como un burdel de lujo, en el que algunas de las personas que trabajan allí, son acosadas tanto por los clientes, - que se equivocan y se confunden de profesionales-, como por el presidente de la comunidad de vecinos, el mencionado P. En algún caso la persona acosada en cuestión terminó en un psiquiatra y renunciando al empleo.

La comunidad no tiene constancia de los términos en los que se ha firmado el contrato entre la comunidad y la subcontrata. Tan sólo se ha hecho saber – sin poder para contrastar el dato – que la empresa que explota el SPA abona a la comunidad cinco mil euros al mes, lo cual, teniendo en cuenta el trasiego de personas y vehículos hasta altas horas de la noche, y el precio que paga cada uno de ellos, se antoja una especie de regalo.

Por supuesto, el mencionado P. se lleva una comisión sobre los beneficios.

En un principio, la comunidad disponía de un vehículo para acercar a las personas más mayores y con problemas de movilidad, tanto al centro de salud, como a las tiendas o grandes almacenes. Eso era antes. Ahora, P. se ha adueñado de su uso en exclusiva y sólo está a su exclusiva disposición.

Si hay vecinos que necesitan ir al supermercado, P. les toma nota de sus necesidades, le da la lista a uno de los empleados de la comunidad, le da las llaves de la furgoneta y le encarga que vaya a hacer la compra al súper. Después, a los vecinos, les cobra una comisión “para pagar la gasolina”.

Si algún vecino se queda sin tabaco, P. le proporciona el que desee a un precio competitivo, aunque no sea una expendeduría oficial. Lo mismo sucede si el vecino necesita una botella de vino o de algún licor más fuerte. P. ha convertido su despacho en una especie de supermercado en el que se vende de todo, y probablemente, no todo sea legal.

Si el propietario de una vivienda es una persona mayor y vive en su país natal, no debe preocuparse. P. se encarga de alquilar el apartamento y quedarse el 100% del importe del alquiler, sin que el dueño tenga la más mínima idea de lo que ocurre. Hasta que fallece y sus herederos empiezan a tirar del hilo, aunque no consiguen documentos que acrediten tal delito.

Por supuesto, se sospecha y no sin motivos, que para acudir a las juntas de propietarios y ganar sistemáticamente las votaciones, también se dedica a falsificar firmas de gente, que vaya usted a saber, si continúan vivos.

Como es lógico esta situación viene provocando un clima de animadversión y enfrentamiento entre cierto grupo de vecinos y el susodicho, hasta tal punto, que desde hace años a las juntas de propietarios P. se hace acompañar de un guarda jurado armado para protegerse. Imagino que el coste correrá a cargo de la comunidad. Cornudo y apaleado.

P. es propietario de varios apartamentos en la mencionada urbanización, una de las más lujosas de la zona, no tanto por el aspecto exterior de las viviendas, sino por los servicios que incorporó en el momento de su inauguración y que ya he mencionado algunos: piscina, amplios jardines, SPA, cafetería restaurante, sala de juegos, sala de cine, etc. Se sabe que dispone de cuatro apartamentos, lo cual, resulta muy llamativo en alguien cuya única ocupación consistía en ser un simple trabajador de una estación ITV.

Pero he dejado para el final lo mejor.

Parece lógico pensar que con este comportamiento al más puro estilo Al Capone, el resultado es el que es. Lo que resulta más difícil es comprender que esto sea posible en un individuo que ha pasado 6 años en una cárcel de EE.UU. por tráfico de drogas.

La próxima junta está fijada para finales de este mes.