Los nuevos Inquisidores

Teóricamente, la Santa Inquisición, nació en su momento para preservar las bases de la fe cristina y luchar contra todo aquello que se considerase falso, discutible, herejía, anatema y demás calificativos que se les fue ocurriendo sobre la marcha. Pero como suele ocurrir con la mayor parte de las buenas ideas, cuando éstas caen en manos de ciertas personas, con pocos escrúpulos y mucha ambición, al final se acaban traicionando los principios por los cuales nacieron y lo que en un primer momento era un interés por mantener una línea de pensamiento, al final se convirtió en un arma de sometimiento por la fuerza a todo aquel que tuviera la más leve resistencia o reserva mental, con los resultados que todos conocemos.

En estos días, todo el mundo está hipersensibilizado acerca de temas relacionados con sobornos, desfalcos, pufos, robos, cohecho, uso y abuso de información privilegiada, amiguismos y demás. Como en la época de la Inquisición, han crecido por doquier cientos de vigilantes voluntarios de las buenas costumbres, como antaño vigilaban que se cumplieran los preceptos de la Santa Madre Iglesia, y si uno veía o sospechaba que su vecino adoraba al diablo o que la vecina era una bruja, tenía la libertad de denunciar anónimamente tanto a uno como a la otra; y si además, eran judíos y les debía dinero, lo mismo había suerte y la Inquisición hacía justicia y tú te quedabas con sus bienes. Hombre, no es que fuese muy ético que digamos, pero al menos, había un interés económico, una ambición mal entendida y una avaricia, y aunque sea difícil de entender, el ser humano es así de ruin y de débil en ocasiones.

Hoy, no es raro recibir en nuestro correo electrónico, supuestas denuncias de abusos, de chanchullos, de negocios turbios cuando no directamente negros, tanto de políticos como de personas que revolotean alrededor de la política o incluso de la empresa privada.

Con esa vehemencia que nos caracteriza a los hispanos cuando nos ponemos a hacer cualquier cosa, hemos empezado a escudriñar entre los papeles de los políticos y desentrañar relaciones ocultas o difícilmente justificables, acuerdos, contratos, y toda clase de manejos poco o nada transparentes. Y como suele pasar en estos casos, hay que poner ciertos cotos, ciertas barreras, porque con ese ímpetu y con el grado de cabreo general por lo que estamos pasando, sería fácil terminar en un linchamiento público de un inocente, como los que se producían en el Oeste americano por robar un caballo. Y es que hay que distinguir.

Por ejemplo. Ahora han montado en cólera unos cuantos porque Alfredo Sáenz, el Vicepresidente del Santander, se va a llevar unos 40 millones de jubilación, después de pagar el correspondiente 45% a Hacienda. Y yo me pregunto ¿y a santo de qué se mosquea la gente?.

Vamos a ver. El Santander, es una empresa privada, que funciona relativamente bien y que de todos los bancos, probablemente ha sido el que menos recapitalización pública ha necesitado y más por prevenir que por otra cosa. Si un trabajador suyo, después de haber cotizado a la Seguridad Social durante un montón de años y aportado un montón de dinero, se jubila y paga, pues no veo el problema. Si además, como resultado de ser un alto directivo de uno de los mejores bancos del mundo, tiene un Plan de Pensiones y después de recuperarlo, paga, pues estupendo también. Mejor para la Caja de la Seguridad Social y de Hacienda. Es más: ¡Gracias, coño!

Es que esto me recuerda el malestar que causó en su momento la campaña que hizo el Gobierno cuando favoreció la repatriación de los emigrantes a sus países de origen con la prestación por desempleo en un solo pago. Pero si ya lo habían devengado con su trabajo y sus impuestos, ¿por qué no?.

Otra cosa diferentes es el caso de los directivos de entidades bancarias intervenidas o con fuerte recapitalización pública, que pretendan jubilarse o que siendo despedidos por su nefasta gestión, quieran percibir una remuneración que, a tenor de los resultados de su gestión, resulta escandalosa, al margen de si han cotizado o no a la Seguridad Social o a Hacienda. Eso es otra historia y estoy de acuerdo en controlar muy de cerca este tipo de cosas.

Pero es que estamos llegando a unos extremos que empiezan a rayar la obsesión y la neurosis. Algunos, no solamente pretenden establecer una línea ética de comportamiento mientras se está en activo en la vida pública; es que pretenden prolongarla más allá y que incida en la vida privada de quien, con posterioridad a su dedicación pública, desea dedicarse a otro ámbito de actuación y ganarse la vida como todo hijo de vecino.

Me parece bien que mientras uno esté en activo, sea político o desarrolle una actividad adyacente a la política, se vea obligado a mantener una conducta intachable, pero cuando uno decide dar un paso atrás y re emprender su vida profesional desde una actividad en la empresa privada, la única norma a la que debe rendir cuentas es la Ley de Incompatibilidades, cuya misión es precisamente la de velar por las buenas formas y evitar abusos.

Ahora bien, no se puede impedir durante todo la vida de un EX político, que en algún momento entre en contacto con la empresa privada, en un sector en el que él, en su faceta de persona pública, ha conocido bien de cerca. Sería injusto y a mi modo de ver, inconstitucional, al cercenar o limitar las posibilidades de trabajar de un español que, además, ha servido a su patria.

En este caso, podríamos incluir los ejemplos de Juan José Güemes, antiguo Consejero de Sanidad de la C.A. de Madrid, que tuvo que renunciar voluntariamente a su recién nombramiento como alto directivo de una empresa privada, ligada a la sanidad. Si no incumplía la Ley de Incompatibilidades, (y no lo hacía ) no debería haber dimitido. Todo tiene un límite. Otro ejemplo, sería el de la propia Esperanza Aguirre, que forma parte de una empresa dedicada a la caza de talentos. Y la gente se echa las manos a la cabeza y yo no lo entiendo.

¿En qué quedamos? ¿Queremos que nuestros políticos sólo vivan de la política, es decir, de nosotros? ¿O queremos que dispongan de sus propias fuentes de ingresos, de su propia profesión y que de esta forma nos salgan más baratos?.

Al hilo de este comportamiento tan inquisitorial, hoy mismo he recibido un correo de un buen amigo en el que se pretendía denunciar a un señor, al que nadie conoce, pero que es la cabeza visible de una empresa muy importante. La denuncia era variopinta, porque entre otras cosas se decía que su residencia fiscal la había fijado en Londres, donde por cierto, pasa gran parte del tiempo por su trabajo, en vez de fijarla en España, donde al parecer y según el anónimo denunciante, se pagan más impuestos. Como si la imposibilidad del anónimo denunciante de fijar su residencia en Liechtenstein, por ejemplo, le impulsara a denunciar a quien sí puede elegir, en función de sus intereses. Eso es envidia; por cierto, muy española, vive Dios!.

Pero hay más. En el mismo correo, se denunciaba que este señor, era el propietario de una serie de edificios catalogados como Bienes de Interés Cultural y que su intención, era obtener una rentabilidad por ello. Y es aquí donde me he dado cuenta de que la gente, empieza a ponerse un poco neurótica con esto de perseguir gigantes que en realidad, son molinos.

Después de recibir el correo, me he tomado el tiempo de investigar un poco por internet, algo que aconsejo que se haga, cuando de denuncias anónimas y bien intencionadas se trate. Pues bien, de la lista de las supuestas propiedades del interfecto, de las tres primeras, dos no figuran en el Catálogo del BIC. Otra, se calificaba como Palacio, cuando en realidad es una casona de indiano o como mucho palacete. Pero lo que realmente tienen todas ellas en común es, que desde que fueron construídas a comienzos del siglo xx o finales del xix, todas se encontraban en un deplorable estado de conservación, cuando no en la más absoluta ruina. Y con el fin de restaurar este tipo de edificios, joyas arquitectónicas en la mayoría de los casos, patrimonio de la localidad que les alberga y que además, sus ayuntamientos no pueden sufragar con fondos públicos, llega al rescate una empresa privada, especialmente dedicada a recuperar para su región, el esplendor, la belleza y el encanto de unos edificios que en su día marcaron una época y que se merecen tener una segunda oportunidad.

Pero ahora, estos nuevos inquisidores, con el mismo afán y empeño con el que se empleaban en su tiempo denunciando a sus vecinos a la Inquisición, pretenden invadir nuestras bandejas de entrada arrojando supuestas denuncias de abusos, de forma anónima y sin exponer todos los datos, bien por desconocimiento o por pérfida estrategia, cuando en realidad no son más que insidias, envidias y ganas de dar por saco.

Para empezar, el susodicho, no es que sea el dueño de todas esas propiedades, sino más bien, pertenece a una empresa cuya única finalidad consiste en recuperar esos edificios, para el bien del patrimonio arquitectónico y artístico de su región. Y si después de rehabilitar los edificios, tiene la opción de obtener unos beneficios por ello, ¿es que se considera ilegal, injusto? ¿Acaso no nos están haciendo un favor, invirtiendo su dinero y evitando con ello que sean los ayuntamientos los que se vean en la necesidad de acometer estas reformas?